Un llamado de madrugada del periodista Eduardo Feinmann a la familia Kovalivker, dueña de la droguería Suizo Argentina, desató una controversia en una causa por presuntas coimas y sobreprecios que también salpica a Karina Milei
Una denuncia por presunta filtración de información sensible sacudió el escenario mediático y judicial luego de que trascendiera que el periodista Eduardo Feinmann habría mantenido una comunicación telefónica de madrugada con integrantes de la familia Kovalivker, horas antes de que se concretara un allanamiento en el marco de una causa en su contra.
La familia en cuestión no es un actor menor: se trata de un grupo empresario multimillonario vinculado a la droguería Suizo Argentina, bajo investigación por presuntas maniobras de coimas y sobreprecios en la provisión de medicamentos dentro de la órbita de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). El expediente, de alto voltaje político, también alcanza a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Según reconstrucciones periodísticas y versiones difundidas en distintos ámbitos, el contacto se habría producido en la previa inmediata del operativo judicial. A partir de ese dato, surgieron sospechas sobre si la llamada pudo haber funcionado como una advertencia anticipada, lo que –de confirmarse– implicaría una interferencia grave en el accionar de la Justicia.
El episodio se conoció a partir de planteos y denuncias que pusieron el foco no sólo en el hecho puntual, sino también en un fenómeno más amplio: la circulación de información reservada en causas judiciales y el rol de los periodistas que acceden a esas fuentes. En ese marco, la posibilidad de que un comunicador anticipe un procedimiento genera tensiones entre el derecho a informar y la preservación de medidas procesales.
Desde el entorno de Feinmann, en tanto, rechazaron las interpretaciones más críticas y sostuvieron que el contacto se inscribe dentro de la práctica habitual del periodismo, en la que se consulta a las partes involucradas para obtener su versión de los hechos. Bajo esa lectura, la comunicación no habría tenido como objetivo alertar sino recabar información.
Hasta el momento no se conocieron resoluciones judiciales firmes que acrediten una conducta irregular por parte del periodista. Sin embargo, el episodio reavivó el debate sobre los límites éticos del oficio, el uso de fuentes judiciales y los riesgos de que la información anticipada pueda afectar el desarrollo de investigaciones en curso.
Mientras tanto, la causa que involucra a la familia Kovalivker continúa su curso, en paralelo a una polémica que excede nombres propios y vuelve a poner en discusión la delgada línea entre primicia periodística y posible entorpecimiento judicial.
