El crédito millonario de Nazarena Menem refuerza sospechas de privilegios y expone contradicciones con el discurso oficial contra la “casta”.
El escándalo por los créditos hipotecarios otorgados desde el Banco Nación a funcionarios y dirigentes vinculados al oficialismo suma un nuevo capítulo, esta vez con el foco puesto en la familia Menem y en la reiteración de beneficios dentro de un mismo núcleo. La aparición de nuevos casos no solo amplía la polémica, sino que refuerza las dudas sobre los criterios de otorgamiento y el acceso real a estas líneas de financiamiento.
En las últimas horas se conoció que Nazarena Menem, de 26 años, accedió a un crédito hipotecario por más de 236 millones de pesos, que se suma al préstamo ya otorgado a su hermano Sharif Menen, por unos 357 millones. Entre ambos, el grupo familiar tomó financiamiento cercano a los 600 millones de pesos en un lapso de pocos meses, un dato que volvió a encender cuestionamientos en torno a la equidad del sistema.
El caso de Nazarena resulta particularmente llamativo por su perfil laboral: con menos de cuatro años de experiencia en la Auditoría General de la nación y un salario que rondaría los 2,5 millones de pesos mensuales, su capacidad de acceso a un crédito de semejante magnitud aparece, al menos, difícil de explicar bajo los parámetros habituales del sistema financiero. En esa misma línea, desde la oposición advierten que, aun considerando la posibilidad de codeudores, los ingresos declarados no parecerían suficientes para sostener cuotas de ese nivel.
La situación se agrava al analizar el caso de Sharif, de 24 años, quien obtuvo su primer empleo formal en la Cámara de Diputados y, pese a contar con un cargo transitorio, accedió a un préstamo millonario. La repetición de beneficiarios dentro de un mismo entorno familiar alimenta la sospecha de que no se trata de hechos aislados, sino de un patrón que favorece a personas con vínculos políticos directos.
Desde el Banco Nación, conducido por Darío Wasserman, reiteraron que no existieron irregularidades y que todos los créditos fueron otorgados bajo criterios estándar de evaluación crediticia. Sin embargo, las explicaciones oficiales no lograron desactivar las críticas, que ya derivaron en presentaciones judiciales y pedidos de informes para esclarecer si hubo trato preferencial o modificaciones discrecionales en las condiciones de acceso.
El trasfondo político y las denuncias
La diputada Mónica Frade avanzó con una denuncia que incluye no solo a los integrantes del clan Menem, sino también a funcionarios del equipo económico como Federico Furiase, Felipe Núñez y Pedro Inchauspe, quienes accedieron a créditos por montos millonarios. En varios de estos casos, además, se investiga la posible existencia de conflictos de interés, dado que algunos de los beneficiarios ocupaban cargos con injerencia en decisiones financieras o regulatorias.
Uno de los puntos más sensibles del expediente es la posible violación a la Ley de Ética Pública. Según planteos de referentes opositores, el hecho de que funcionarios del mismo espacio político que conduce el banco accedan a créditos en esa entidad podría configurar un conflicto de intereses evidente, más allá de la legalidad formal de las operaciones.
A esto se suma otro dato que potencia la polémica: de los más de 27 mil créditos otorgados en los últimos dos años, una proporción significativa habría sido destinada a funcionarios y legisladores, en su mayoría vinculados a La Libertad Avanza. El promedio de los préstamos también resulta elevado en comparación con las posibilidades reales de acceso del resto de la población.
En paralelo, el diputado Esteban Paulón impulsó pedidos de acceso a la información pública para conocer en detalle las condiciones de otorgamiento, los requisitos aplicados y la posible existencia de un patrón en la aprobación de estos créditos. Hasta el momento, las respuestas oficiales no lograron despejar las dudas.
Más allá de la discusión técnica, el caso expone una fuerte contradicción política. El gobierno de Javier Milei construyó su discurso sobre la crítica al Estado, la eliminación de privilegios y el combate a la “casta”. Sin embargo, la aparición sistemática de funcionarios y dirigentes oficialistas entre los principales beneficiarios de créditos otorgados por la banca pública tensiona ese relato.
Mientras una gran parte de la sociedad enfrenta dificultades para acceder a la vivienda y cumplir con requisitos cada vez más exigentes, los casos de financiamientos millonarios a jóvenes con trayectorias laborales acotadas o vínculos políticos directos alimentan la percepción de desigualdad. En ese contexto, el escándalo deja de ser únicamente financiero para convertirse en un problema político de mayor escala, con impacto directo en la credibilidad del gobierno.
