Luego de que el Ejecutivo prohibiera el ingreso de los acreditados a la Casa de Gobierno, la oposición salió a cuestionar la medida y ratificó su compromiso con la libertad de prensa. La legisladora Marcela Pagano denunció al presidente, a Manuel Adorni, a Javier Lanari y al jefe de la Casa Militar, Sebastián Ibáñez.
El Gobierno nacional decidió este jueves prohibirle el acceso a la prensa acreditada a Casa Rosada. La medida rápidamente repercutió en los medios y hasta en el Congreso de la Nación, donde diputados opositores pidieron revertir de manera urgente la decisión. Por su parte, la legisladora Marcela Pagano denunció al presidente, Javier Milei, y a otros funcionarios.
El secretario de Comunicación y Medios, Javier Lanari, aclaró que la medida incluía “quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de Casa Rosada” de manera preventiva, frente la denuncia de Casa Militar por espionaje ilegal a dos periodistas de TN.
“El único fin es garantizar la seguridad nacional”, señaló el funcionario. Sin embargo, la indignación y enojo repercutió en distintos ámbitos de la comunicación y también en el Congreso.
La diputada nacional Marcela Pagano, que integró el bloque de La Libertad Avanza, decidió denunciar penalmente a Milei y Lanari, al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y al jefe de Casa Militar, Sebastián Ibáñez. La denuncia cayó en el juzgado de Sebastián Ramos.
“Es un hecho inédito desde el retorno de la democracia. La Casa Rosada no es propiedad privada y muchos menos un mandatario ni sus funcionarios esbirros pueden decidir si a dicho edificio puede acceder la prensa”, afirmó la legisladora desde su cuenta de X
En la denuncia, Pagano señaló que “las conductas denunciadas vulneran de modo directo y flagrante” normas consagradas en la Constitución Nacional y el principio de publicidad de los actos de gobierno; a la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y la doctrina convencional vinculante de la Convención Americana de Derechos Humanos y los antecedentes en Venezuela.
Entre los delitos que se habrían cometido, la diputada enumeró: “Abuso de autoridad; Incumplimiento de los deberes de funcionario público; Impedimento del ejercicio de un derecho; eventualmente, el artículo 144 bis inciso 1 del Código Penal que menciona la restricción a la libertad ambulatoria de los periodistas en el ámbito público; Actos discriminatorios; y la cuestión del ‘pretexto’ investigativo”.
Por su parte, los diputados de Provincias Unidas Esteban Paulón, Maximiliano Ferraro, María Inés Zigarán, Mariela Coletta, Mónica Frade, Lourdes Arrieta y Pablo Farías, presentaron un proyecto de resolución instado al Poder Ejecutivo “a garantizar el libre ejercicio de la actividad periodística y el acceso irrestricto a la información de las y los trabajadores de prensa y periodistas acreditados en la Casa Rosada, disponiendo la urgente reapertura de la Sala de Periodistas”.
A su vez, ratifican “el compromiso de esta Honorable Cámara con la libertad de expresión, la libertad de prensa, el pleno y libre ejercicio de la actividad periodística y el derecho de la ciudadanía de acceso a la información pública en todo el territorio nacional”.
También presentaron un proyecto los diputados de Unión por la Patria Sabrina Selva, Germán Martínez, Nicolás Trotta, Juan Marino, Lorena Pokoik y Raúl Hadad, en el cual expresan su “profunda preocupación ante la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de prohibir el ingreso de los periodistas acreditados a la Casa Rosada, dejando sin efecto las acreditaciones vigentes y restringiendo el libre ejercicio de la labor de prensa en el ámbito de la sede de gobierno“.
Asimismo, manifiestan su “rechazo a las agresiones verbales y descalificaciones proferidas por el Presidente de la Nación, Javier Milei, contra trabajadores de prensa, las cuales configuran un mecanismo de hostigamiento que violenta la libertad de expresión y el derecho a la información de la ciudadanía”.
Finalmente, instan al Poder Ejecutivo “a normalizar de manera inmediata el acceso a la Sala de Periodistas de la Casa Rosada, garantizando el cumplimiento de los estándares democráticos y el respeto por el artículo 14 de la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional”.
