En medio de denuncias por corrupción, otro funcionario clave del Gobierno es investigado por inconsistencias en su patrimonio.
El jefe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Vázquez, quedó en el centro de una investigación judicial tras el pedido de indagatoria impulsado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que lo acusa de haber omitido declarar propiedades en Estados Unidos valuadas en más de 2,1 millones de dólares.
El fiscal Sergio Rodríguez sostuvo que el funcionario habría ocultado su vínculo con sociedades offshore titulares de inmuebles en Miami, lo que podría configurar el delito de omisión maliciosa en su declaración jurada, además de posibles maniobras de evasión, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
La causa, que deberá resolver el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, se originó a partir de información que vincula a Vázquez con al menos tres unidades en complejos de alta gama en Florida, adquiridas entre 2013 y 2015 a través de firmas radicadas en Panamá y luego transferidas a una sociedad en Islas Vírgenes Británicas. Documentación de estudios especializados en la creación de estructuras offshore ubican al titular de ARCA como beneficiario final de esas compañías, pese a que esa relación no figura en sus declaraciones presentadas ante la Oficina Anticorrupción ni ante el organismo recaudador.
Uno de los puntos más sensibles del expediente es la inconsistencia entre los ingresos declarados por el funcionario y las operaciones inmobiliarias detectadas. Según el dictamen fiscal, Vázquez reportó activos líquidos por cifras cercanas a los 40 mil dólares en los años en que se concretaron compras por más de un millón de dólares, lo que refuerza la hipótesis de un incremento patrimonial no justificado.
A esto se suman registros de pagos de impuestos en Miami, reintegros fiscales a su nombre y movimientos familiares en Estados Unidos, incluyendo la residencia de sus hijas.
La investigación, que también involucra pedidos de información a bancos estadounidenses y exhortos internacionales, fue impulsada inicialmente por legisladores de la Coalición Cívica y cuenta con la intervención de fiscalías especializadas en delitos económicos. En paralelo, se analiza el flujo migratorio del funcionario y su entorno familiar, en busca de reconstruir el uso efectivo de las propiedades.
El caso impacta de lleno en la administración del presidemente Javier Milei, que había promovido a Vázquez dentro del esquema tributario con el discurso de combatir privilegios y transparentar el Estado. Sin embargo, la situación del titular de ARCA expone tensiones entre ese relato y las prácticas bajo sospecha, en un área clave como la recaudación y el control fiscal.
La eventual imputación de uno de los principales responsables de velar por el cumplimiento impositivo debilita aún más la credibilidad del Gobierno libertario, tras los sucesivos escándalos de corrupción que vienen derrumbando su imagen frente a la opinión pública.
