La Asociación del Personal Aeronáutico presentó una denuncia penal contra el presidemente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, por supuestas irregularidades en la valuación de la firma estatal.
La avanzada privatizadora de Javier Milei volvió a quedar envuelta en un escándalo judicial. La Asociación del Personal Aeronáutico (APA) denunció penalmente al presidemente, al ministro de Economía Luis Caputo y al ex titular del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Maximiliano Voss, por presuntas irregularidades en la valuación de Intercargo, la empresa estatal que presta servicios de rampa y asistencia en aeropuertos de todo el país.
La presentación judicial apunta a delitos de administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública y falsedad ideológica, en una causa que ya quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°3. Según denunció el gremio, el Gobierno habría fijado un precio “inexplicable” para la venta de la compañía, muy por debajo de su valor real.
El eje del conflicto es la Resolución 282/2026 del Ministerio de Economía, mediante la cual se estableció un precio base cercano a los 45 millones de dólares para avanzar en la privatización de Intercargo. Desde APA sostienen que la cifra no tiene sustento técnico ni financiero, especialmente teniendo en cuenta que la empresa registró balances positivos y cuenta con activos estratégicos dentro del sistema aerocomercial argentino.
La denuncia golpea de lleno sobre uno de los pilares ideológicos del mileísmo: la venta de empresas públicas. Pero esta vez, el oficialismo enfrenta acusaciones concretas de estar intentando “rematar” una firma rentable en beneficio de intereses privados vinculados al negocio aeroportuario. Desde sectores sindicales advierten incluso sobre un posible “vaciamiento del patrimonio público nacional”.
El caso también vuelve a exponer el estilo de gestión del Gobierno libertario, que bajo el discurso de la “eficiencia” y el “achique del Estado” acelera privatizaciones rodeadas de cuestionamientos. La valuación de Intercargo fue realizada por el BICE utilizando el método de flujo de fondos descontados, aunque el sindicato cuestionó que no hayan intervenido organismos especializados en tasaciones públicas.
La preocupación no se limita únicamente al patrimonio estatal. Intercargo emplea a alrededor de 1.500 trabajadores y cumple un rol clave en el funcionamiento de los principales aeropuertos del país. Desde APA alertaron que el proceso podría derivar en despidos, precarización laboral y pérdida de soberanía operativa en un sector estratégico.
El conflicto se suma además a una creciente tensión entre el Gobierno y los gremios aeronáuticos, que en los últimos meses llevaron denuncias ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por persecución sindical y deterioro de las condiciones laborales bajo la gestión de Milei.
Mientras el presidemente insiste en presentar las privatizaciones como una solución mágica para la economía argentina, la denuncia sobre Intercargo instala una sospecha cada vez más fuerte: que detrás de la motosierra libertaria no sólo haya ajuste, sino también negocios millonarios realizados a costa del patrimonio público.
