El contrato otorgado a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa tiene una duración de 9 meses y contempla además la posibilidad de una prórroga.

El Gobierno de Javier Milei quedó envuelto en una nueva polémica tras revelarse un supuesto direccionamiento en una licitación millonaria de Cancillería que terminó beneficiando a una empresa vinculada a la esposa del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

La denuncia surgió a partir de una investigación difundida por el programa “Telenueve Denuncia”, donde se expusieron intercambios de correos electrónicos entre funcionarios del Palacio San Martín que podrían evidenciar irregularidades en el proceso de adjudicación de un contrato por más de 114 millones de pesos destinado a cursos de inglés.

Según la investigación, la licitación habría estado diseñada desde un comienzo para quedar en manos de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa, entidad vinculada a María Josefina Rouillet, esposa de Sturzenegger. El informe sostiene que meses antes de la publicación oficial del llamado ya existían definiciones internas sobre cómo debía avanzar el proceso.

Uno de los elementos que encendió las alarmas fue un correo electrónico interno en el que un funcionario instruyó a una subordinada para avanzar con una convocatoria que, presuntamente, ya había sido previamente armada. De acuerdo con la documentación revelada, las condiciones del pliego habrían sido confeccionadas prácticamente a medida de la empresa adjudicataria.

La sospecha central apunta a que cuando la contratación apareció publicada en diciembre de 2025 en el portal oficial COMPR.AR, la firma beneficiada ya contaba con información clave y con requisitos que encajaban perfectamente en su perfil, reduciendo así la posibilidad de competencia real.

La operación se concretó bajo el mecanismo de “Adjudicación Simple por Especialidad”, una modalidad que suele utilizarse en casos específicos y excepcionales. Sin embargo, el vínculo entre la adjudicataria y el entorno familiar del ministro activó cuestionamientos por posible conflicto de intereses dentro de la administración pública.

El contrato otorgado a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa tiene una duración de nueve meses y contempla además la posibilidad de una prórroga, lo que podría incrementar aún más el monto total de la contratación.

La revelación generó fuertes críticas en redes sociales y en sectores de la oposición, que apuntaron contra el discurso de transparencia y austeridad promovido por el oficialismo libertario. Mientras tanto, desde el entorno gubernamental todavía no hubo explicaciones públicas contundentes sobre las acusaciones expuestas en el informe televisivo.