Asi están las cosas con estos funcionarios turbios que se manejan en las tinieblas de la corrupción para el choreo del erario público de los vecinos de a pie. El Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires cuestionó un gasto realizado por la Municipalidad de Junín vinculado al pago tardío de honorarios judiciales a la abogada Nerica Oca y propuso formular un cargo por $1.271.044,72 contra el intendente en uso de licencia Pablo Petrecca, el ex Subsecretario Legal y Técnico Lisandro Benito y el contador municipal Mauro Jacobs
La situación se originó a partir de una ejecución de honorarios iniciada por una abogada que había representado al Municipio en una causa judicial. Según consta en la resolución, los honorarios regulados debían ser abonados oportunamente, pero el incumplimiento derivó en una ejecución judicial, la acumulación de intereses y la generación de nuevos gastos que terminaron siendo afrontados con fondos municipales.
Durante el análisis del expediente, el Tribunal de Cuentas destacó que no se aportaron pruebas que justificaran una situación de emergencia financiera o insuficiencia de tesorería que explicara la demora en el cumplimiento de la sentencia. Por ese motivo, concluyó que se produjo un perjuicio al erario público.
Uno de los puntos más relevantes del fallo es que la actual Secretario de Gobierno, Lisandro Benito, informó que no contaba con antecedentes que justificaran el incumplimiento, pero aportó documentación que demuestra que las resoluciones judiciales, la aprobación de la liquidación de honorarios y las intimaciones de pago fueron notificadas electrónicamente al entonces al propio Benito.
Para el Tribunal, Benito, en su carácter de responsable del área legal, debía poner en conocimiento del Departamento Ejecutivo las sentencias recibidas, los plazos para su cumplimiento y las consecuencias económicas derivadas de no pagar en tiempo y forma. Sin embargo, la documentación analizada no acreditó que se hubieran realizado las acciones necesarias para evitar que la deuda siguiera generando intereses y costos adicionales.
Asimismo, el organismo consideró responsable al intendente Pablo Petrecca por su condición de administrador general del Municipio y al contador municipal Mauro Jacobs por las obligaciones de control interno que le asigna la normativa vigente.
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En su resolución, el Tribunal sostuvo que esta erogación constituye un «acto personal» de los funcionarios involucrados y propuso desaprobar el gasto, formulando un cargo solidario por $1.271.044,72, suma que incluye el monto abonado por el Municipio más los intereses correspondientes, al considerar que el incumplimiento de la sentencia generó un perjuicio económico para las arcas municipales.
El caso pone nuevamente bajo la lupa la gestión administrativa y el manejo de los recursos públicos en la Municipalidad de Junín, luego de que el organismo de control provincial concluyera que el gasto observado pudo haberse evitado si la manda judicial hubiera sido cumplida en tiempo y forma.
