El exdiputado libertario deberá presentarse el 30 de junio ante el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli. La investigación apunta a una transferencia de USD 200.000 vinculada al empresario Fred Machado, extraditado a Estados Unidos, y a una serie de operaciones que, para la fiscalía, buscaron ocultar el origen de esos fondos.
El exdiputado nacional José Luis Espert fue convocado a declaración indagatoria en el marco de una investigación por el presunto lavado de 200.000 dólares que recibió del empresario Fred Machado, recientemente extraditado desde Río Negro a los Estados Unidos para ser juzgado en una causa vinculada al narcotráfico y al fraude financiero. La medida fue ordenada por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, quien fijó la audiencia para el próximo 30 de junio.
La decisión judicial también alcanzó al contador del economista, Mariano Alejandro Cosentino, y a la firma Varianza SA, sociedad perteneciente a Espert y a su esposa, María de las Mercedes González.
La investigación impulsada por el fiscal federal Fernando Domínguez sostiene que el 22 de enero de 2020 una cuenta bancaria de Espert en Estados Unidos recibió una transferencia por USD 200.000 proveniente de Wright Brothers Aircraft Title Inc., una de las empresas que, según la acusación, integraban la estructura utilizada por Machado.
Para la fiscalía, esos fondos tenían un origen ilícito. En ese contexto, los investigadores sostienen que el exlegislador intentó justificar el ingreso del dinero mediante la firma de un contrato de prestación de servicios con la minera Minas del Pueblo, una firma radicada en Guatemala y representada por el propio Machado. El acuerdo contemplaba pagos por un total de un millón de dólares por supuestas asesorías financieras.
Sin embargo, la pesquisa detectó inconsistencias en esa versión. Según el expediente, Espert no registró viajes a Guatemala antes ni después de la firma del contrato. Tampoco se encontraron evidencias de visitas a la explotación minera ni constancias de contrataciones de especialistas para desarrollar las tareas previstas. A eso se suma que, de acuerdo con la fiscalía, Minas del Pueblo no tenía actividad real en ese momento.
Para Domínguez, la contratación habría funcionado únicamente como una cobertura formal para justificar el movimiento de dinero. La acusación sostiene que el acuerdo fue una herramienta destinada a encubrir el verdadero origen de los fondos.
Parte de esos dólares terminó ingresando al circuito económico argentino. Según la documentación incorporada al expediente, el economista realizó dos transferencias de USD 50.000 cada una hacia una cuenta local del BBVA durante 2020.
La investigación señala que una porción de ese dinero fue utilizada para adquirir en efectivo un BMW M240i, valuado en USD 47.800. Más adelante, ese vehículo fue vendido y el producido se destinó a la compra de una camioneta Lexus de alta gama por casi USD 130.000.
La situación judicial de Machado generó preocupación en el entorno del ex candidato presidencial. El empresario había sido detenido en abril de 2021 y permanecía con arresto domiciliario en Viedma hasta que fue extraditado a Estados Unidos por decisión de la Justicia argentina.
De acuerdo con el análisis de teléfonos secuestrados a colaboradores de Espert, tras conocerse novedades en el expediente de Machado se organizaron reuniones de urgencia para evaluar posibles consecuencias penales y tributarias.
Según el dictamen fiscal, en esos encuentros se discutieron distintas alternativas para evitar que salieran a la luz los USD 118.271 que permanecían depositados en una cuenta del banco Morgan Stanley a nombre del ex legislador.
La fiscalía también detectó que esos activos no fueron incluidos en las declaraciones juradas presentadas por Espert en julio de 2021. En documentos digitales secuestrados al contador Cosentino se argumentó que esa omisión buscaba evitar un supuesto “pánico impositivo” y proteger la carrera política del entonces candidato a diputado frente a eventuales filtraciones de información.
Los papeles incorporados a la causa indican además que se pretendía impedir que el kirchnerismo, que entonces ocupaba el Gobierno nacional, accediera a esos datos y pudiera, según quedó escrito en la documentación, “dar a conocer hechos de una forma distorsionada”. En esos mismos registros se señaló que tener que explicar públicamente la transferencia y el contrato con la minera guatemalteca durante la campaña de 2021 “significaría que JLE quedara afuera de su carrera política”.
Frente a ese escenario, la fiscalía encuadró la conducta de Espert en el delito de lavado de activos y rechazó la postura defensiva según la cual el exdiputado desconocía los negocios de Machado, quien además había financiado sus proyectos electorales.
En su dictamen, Domínguez fue categórico al afirmar que “la estratagema de la ignorancia ensayada por el imputado en sus distintas defensas de ninguna manera puede configurar un blindaje para obtener impunidad”.
Respecto de los demás involucrados, la acusación ubicó a Cosentino como partícipe necesario de la maniobra investigada. Según la fiscalía, fue quien confeccionó certificaciones falsas sobre el origen de los fondos utilizadas para canalizar la compra de los vehículos y para incorporar a la esposa del economista a un fideicomiso inmobiliario.
