Nueva documentación presentada ante la Justicia busca acreditar presuntas irregularidades en una sociedad vinculada al Autódromo Roberto Mouras.
Una nueva ampliación de denuncia presentada ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) 17 de La Plata volvió a poner bajo la lupa al presidente de la Asociación Corredores de Turismo Carretera (ACTC), Hugo Mazzacane, junto con su esposa Mónica Videla y su hijo Gastón Mazzacane.
La presentación fue realizada por el ex piloto y actual periodista Julio César Politano, quien incorporó documentación notarial que, según sostiene, aportaría nuevos elementos sobre presuntas irregularidades en la constitución de la sociedad Urbanización HALO SA, propietaria del predio donde funciona el Autódromo Roberto Mouras de La Plata.
Nueva documentación presentada ante la Justicia busca acreditar presuntas irregularidades en una sociedad vinculada al Autódromo Roberto Mouras.
La ampliación fue presentada en el marco de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) 06-00-040833-25/00, a cargo de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo. Entre la documentación incorporada figura un acta de constatación confeccionada por el escribano Fernando Javier Kovalivker, en la que consta la declaración del abogado Gabriel Antonio Makcimovich, titular de un estudio jurídico ubicado en la calle 54 1202 de la ciudad de La Plata.
La ampliación de una denuncia incorpora nuevas pruebas que, según el denunciante, comprometen a Hugo Mazzacane y su familia.
Según surge de esa actuación, el letrado afirmó que el inmueble funciona exclusivamente como estudio jurídico desde el año 2010, que nunca fue destinado a otros fines y que jamás se realizaron allí asambleas de sociedades comerciales. Asimismo, aseguró no conocer a la empresa Urbanización HALO SA ni a sus autoridades.
La Fiscalía de La Plata recibió nueva documentación sobre presuntas irregularidades en una sociedad vinculada al Autódromo Roberto Mouras.
De acuerdo con el denunciante, esas manifestaciones adquieren relevancia porque la documentación societaria de Urbanización HALO SA habría fijado ese domicilio como sede legal de la empresa ante distintos organismos públicos, entre ellos ARCA, la Municipalidad de La Plata y dependencias provinciales.
Nuevas pruebas fueron incorporadas a una causa que investiga presuntas irregularidades societarias vinculadas al Autódromo Roberto Mouras.
Politano sostiene que, de confirmarse que la sociedad nunca funcionó efectivamente en ese lugar ni desarrolló allí actividad societaria, podría verse comprometida la validez de su constitución jurídica. En ese sentido, tanto él como sus abogados patrocinantes sostienen que existiría una presunta “nulidad absoluta desde el origen” de la sociedad por el incumplimiento de un requisito esencial previsto para su conformación.
En la presentación judicial también se solicita que se investigue la eventual responsabilidad penal de todas las personas que habrían intervenido en la constitución de la sociedad, incluyendo el análisis de la actuación del escribano interviniente y de los organismos de control que habrían otorgado las correspondientes habilitaciones.
Además, el denunciante requirió que se deje sin efecto la habilitación municipal cuestionada, que no se autorice al Automóvil Club La Plata SA a organizar nuevos eventos mientras no se regularice la situación administrativa y que se suspendan las competencias automovilísticas en el Autódromo Roberto Mouras hasta tanto se esclarezcan los hechos denunciados.
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Entre las pruebas acompañadas figuran el acta de constatación notarial con la declaración del abogado Makcimovich, el testimonio del escribano Kovalivker, la ampliación de denuncia presentada ante la Fiscalía y documentación societaria en la que Hugo Mazzacane, Gastón Mazzacane y Mónica Videla habrían consignado haberse reunido en el inmueble del mencionado estudio jurídico.
Según el escrito, toda esa documentación también habría sido remitida a ARCA, a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, a la Municipalidad de La Plata y a la Subsecretaría de Deportes bonaerense con el objetivo de que esos organismos tomen conocimiento de la situación denunciada.
El expediente permanece actualmente bajo análisis de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, quien deberá evaluar el alcance de la documentación incorporada, verificar los hechos denunciados y determinar si corresponde impulsar nuevas medidas de prueba o formular eventuales imputaciones.
Hasta el momento, la causa refleja exclusivamente la posición del denunciante y la documentación aportada en respaldo de su presentación, sin que exista una resolución judicial definitiva sobre las acusaciones formuladas.
