El fiscal Álvaro Garganta citó a indagatoria al exministro de Transporte de Axel Kicillof, Jorge D’Onofrio, y a siete empresarios por un presunto esquema de coimas y negociaciones incompatibles en la licitación de la VTV, que habría desviado casi 5.000 millones de pesos a través de una empresa pantalla.
El fiscal Álvaro Garganta citó a declaración indagatoria al ex ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, por los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública, en el marco de una investigación que destapó un presunto esquema de retornos multimillonarios en la licitación de la Verificación Técnica Vehicular (VTV).
Junto a él, también deberán declarar siete empresarios que resultaron adjudicatarios del servicio, todos imputados por su presunta participación en la maniobra.
Un acuerdo ilícito para direccionar la VTV
Según el auto de mérito, el cual fue revelado por el medio RealPolitik, Garganta considera acreditado —al menos de manera preliminar— que existió un acuerdo espurio entre el entonces ministro de Axel Kicillof, las siete empresas adjudicatarias y una firma interpuesta: Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA (SOLUTEC), manejada por Sebastián Desio, persona de confianza del exministro.
De acuerdo a la investigación D’Onofrio habría impuesto la obligación de contratar a Solutec. Luego, las empresas debían pagarle mensualmente, pero la firma no prestaba servicios reales: solo funcionaba como canal de recaudación. De hecho, muchas irregularidades surgieron desde el armado mismo de las oferentes, según consignó Enclave.arg.
Irregularidades “escandalosas” en la licitación
Garganta enumera una serie de anomalías que —según su criterio— revelan un acuerdo previo entre empresas y funcionarios:
Empresas creadas días antes de la licitación, sin historial operativo.
UTE sin inscripción en IGJ ni CUIT, pese a que era requisito excluyente.
– Sociedades inscriptas en rubros incompatibles con la VTV (seguros, transporte, mecánica).
– Inexistencia de actas de asamblea para integrar la UTE.
– El ministerio de Transporte no observó ninguna irregularidad, pese a que debía rechazar las ofertas.
Una de las UTE incluso se transformó en sociedad anónima semanas antes de que se resolviera la precalificación, un movimiento que para el fiscal resulta incompatible con cualquier proceso competitivo sano.
Camino a la asociación ilícita
El expediente avanza hoy por cohecho y negociaciones incompatibles, pero Garganta anticipó que, una vez incorporada la evidencia de la causa paralela de fotomultas —que involucra a los mismos funcionarios y empresarios—, la carátula podría reencuadrarse en asociación ilícita, tal como publicó este medio.
La citación a indagatoria coloca a D’Onofrio en el tramo más delicado del proceso. Si se convalida la estructura descripta por el fiscal, el caso podría convertirse en uno de los mayores escándalos de corrupción de la gestión de Axel Kicillof.
