Pablo Toviggino, número dos de la AFA y hombre clave del esquema de Tapia, quedó mencionado en una denuncia administrativa que expone el uso de fondos públicos.
La investigación judicial sobre el manejo de fondos internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino sumó en las últimas horas un elemento clave: la aparición de un contrato firmado en mayo de 2021 entre la entidad y TourProdEnter LLC, la empresa vinculada al empresario kirchnerista Javier Faroni.
El documento fue hallado durante los allanamientos realizados en la sede de la AFA, en la calle Viamonte, y confirma que la operatoria investigada no fue informal ni circunstancial, sino respaldada por un acuerdo contractual aprobado por la conducción de la casa madre del fútbol.
Según la documentación incorporada al expediente, ese contrato le otorgó a TourProdEnter la exclusividad para recaudar y administrar los ingresos de la AFA en el exterior, incluyendo contratos con sponsors internacionales, derechos de televisación y partidos amistosos de la Selección Argentina.
En los hechos, la empresa quedó habilitada para cobrar, realizar pagos, descontar comisiones y luego transferir los excedentes a la AFA, concentrando una operatoria financiera de enorme volumen fuera del país.
La causa se concentra en transferencias millonarias realizadas a través de cuentas bancarias en Estados Unidos. De acuerdo con los registros analizados por la Justicia, TourProdEnter administró más de 260 millones de dólares entre 2021 y 2024, utilizando cuentas abiertas en Bank of America, Citibank, JP Morgan y Synovus Bank. Entre los principales aportantes figura Adidas, que transfirió alrededor de 78,6 millones de dólares en concepto de patrocinio de la camiseta de la Selección.
El avance judicial no se limita al contrato. El juez federal Luis Armella dispuso el levantamiento de los secretos fiscal, bancario, financiero y bursátil de Faroni y de todas las personas y empresas involucradas, y solicitó información detallada a cuatro bancos de Estados Unidos mediante mecanismos de cooperación internacional, con el objetivo explícito de reconstruir la ruta del dinero e identificar beneficiarios finales.
En paralelo, los investigadores detectaron que al menos 42 millones de dólares salieron de las cuentas de TourProdEnter hacia cuatro sociedades radicadas en Florida, Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC, que no registran empleados, no declaran actividad comercial y funcionan desde direcciones de “oficina virtual”. Para la fiscalía, se trata de estructuras típicas utilizadas para fragmentar operaciones y dificultar la trazabilidad de fondos.
Otro tramo relevante del circuito financiero involucra a Adcap Uruguay Agente de Valores, que recibió cerca de 110 millones de dólares y actuó como intermediario en operaciones de cambio de bonos y transferencias entre distintas jurisdicciones.
Aunque desde la firma sostienen que las operaciones fueron legales y documentadas, la Justicia analiza si ese esquema fue utilizado para triangular fondos y eludir controles.
A este cuadro financiero ya bajo investigación se suma ahora un antecedente administrativo que amplía el contexto político del entramado. En diciembre de 2025, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas registró una denuncia que apunta contra Pablo Toviggino, número dos de la AFA y hombre de extrema confianza del kirchnerista Claudio “Chiqui” Tapia, por el presunto uso de fondos públicos del Gobierno de Santiago del Estero para financiar al club Central Córdoba, entidad que controla políticamente.
Según esa presentación, más de 1200 millones de pesos habrían sido destinados por el Ejecutivo provincial a cubrir gastos del club, incluyendo el pago de salarios de jugadores, además de cuestionarse la gestión y explotación comercial del estadio público “Madre de Ciudades”, cuyos contratos no tendrían una exposición clara ni control público efectivo.
Si bien la PIA se declaró incompetente para investigar directamente a la AFA o a autoridades provinciales, el expediente fue remitido a la Fiscalía Federal con jurisdicción en Tucumán para evaluar una eventual profundización judicial
La convergencia de ambos frentes, el manejo de fondos internacionales y las sospechas sobre financiamiento estatal en el plano local, refuerza el foco sobre la estructura de poder que rodea a Tapia, donde dirigentes, empresarios y vínculos políticos aparecen entrelazados.
No se trata de hechos aislados, sino de un mismo esquema de concentración de decisiones, control difuso y escasa transparencia, tanto puertas adentro de la AFA como en su relación con el Estado.
En este contexto, Armella prohibió la salida del país a Faroni, quien intentó viajar a Uruguay desde Aeroparque mientras se realizaban allanamientos en su propiedad de Nordelta. Durante ese procedimiento, el empresario habría descartado un teléfono celular que aún no fue localizado, un episodio que también quedó incorporado al expediente.
Aunque Faroni niega irregularidades y sostiene que no existe imputación formal en su contra, el expediente ya compromete decisiones adoptadas durante la gestión de Tapia, bajo cuyo mandato se aprobaron los contratos hoy bajo la lupa.
Para la Justicia, el foco ya no está solo en una empresa privada, sino en la responsabilidad de la cúpula dirigencial de la AFA, en una investigación que promete escalar y exponer uno de los entramados financieros más sensibles del fútbol argentino reciente.
