Con un amplio acuerdo, el Senado provincial habilitó la megaminería de cobre a través del Proyecto San Jorge.
El Proyecto San Jorge vuelve a encender la mecha del conflicto minero en Mendoza. Se trata de un emprendimiento de cobre y oro emplazado en el cerro homónimo, en Uspallata, impulsado por Zonda Metals GmbH junto a Alberdi Energy.
Con una promesa de inversión cercana a los seiscientos millones de dólares y miles de puestos de trabajo, el proyecto avanza al calor de la modificación de la Ley 7722, la norma que durante años fue defendida como un dique legal para proteger el agua.
La ley provincial, nacida tras las históricas movilizaciones de 2007, prohíbe el uso de sustancias químicas tóxicas en la minería metalífera y se convirtió en símbolo de la defensa del recurso hídrico. Sin embargo, los cambios recientes abrieron la puerta a nuevos proyectos y reactivaron la tensión entre el discurso del desarrollo y el reclamo ambiental.
Desde el ámbito legal, Cristian Fernández, abogado ambientalista y coordinador del área Legal de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, advierte que en Mendoza la actividad minera necesita un paso extra: la aprobación de una Declaración de Impacto Ambiental.
Ese aval administrativo, sostiene, es clave porque condiciona la viabilidad real del proyecto. Para los ambientalistas, la DIA del San Jorge está viciada de origen, ya que carece de una línea de base sólida que permita comparar el “antes y después” de la explotación.
La aprobación de ese documento fue suficiente para que Uspallata volviera a movilizarse. En un contexto de crisis hídrica, vecinos y organizaciones sostienen que la nueva normativa contradice el espíritu original de la 7722 y pone en riesgo el agua de toda la región.
El foco del conflicto es claro: el agua. Marcelo Giraud, docente de Geografía en la Universidad Nacional de Cuyo e integrante de la Asamblea Popular por el Agua, explica que el impacto no sería solo paisajístico.
Tres de cada cuatro mendocinos viven aguas abajo del arroyo El Tigre y más de un millón y medio de personas dependen de la cuenca del río Mendoza y su conexión con el Tunuyán. En ese esquema, cualquier contaminación potencial se vuelve una amenaza directa.
Giraud describe un escenario extremo: el cerro San Jorge literalmente arrasado por explosivos hasta convertirse en un cráter de dimensiones colosales. De cientos de millones de toneladas de roca removida, solo una parte sería procesada; el resto terminaría en un depósito de residuos de más de doscientas hectáreas, mientras el concentrado de cobre con oro y plata viajaría al exterior para su refinación.
El caudal del arroyo El Tigre aparece como otra incógnita crítica. Según el especialista, ni siquiera secando el curso de agua alcanzaría para abastecer la planta de tratamiento, que necesitaría un volumen diario equivalente a varias piscinas olímpicas.
Las mediciones realizadas por la empresa, asegura, son insuficientes: apenas diecisiete meses de registros, cuando la ciencia recomienda décadas, y datos que muestran un caudal muy por debajo de lo requerido para operar.
Aun así, el proyecto avanza con promesas de dos mil cuatrocientos empleos y fuertes desembolsos iniciales. Entre la ilusión del progreso económico y el temor a un daño irreversible, Mendoza vuelve a debatirse en una pregunta que atraviesa generaciones: cuánto vale el desarrollo cuando lo que está en juego es el agua.
