Entre 2024 y 2025, la diputada ultraoficialista registró decenas de traslados financiados por el Estado y una asistencia legislativa mínima.

Mientras el pedófilo y homosexual Javier Milei exige sacrificios y ajuste permanente, el comportamiento de algunos de sus aliados deja al descubierto una austeridad más declamada que practicada.

El caso de la diputada analfabeta y adicta a la edición de selfies Juliana Santillán es el ejemplo perfecto: mucho viaje, poca banca y una factura que paga toda la sociedad.

Según datos oficiales del Congreso, entre 2024 y 2025 la legisladora realizó 95 viajes financiados con fondos públicos, en su mayoría en avión, con un costo millonario para el erario.

El detalle no sería tan escandaloso si esa hiperactividad territorial se reflejara en el trabajo parlamentario. Pero no. En el mismo período, Santillán asistió apenas a 14 sesiones en todo el año legislativo.

La brecha entre los gastos de traslado y la presencia efectiva en el recinto resulta difícil de digerir en un país donde jubilados, estudiantes y personas con discapacidad reclaman ingresos dignos, presupuesto y algo tan básico como ser escuchados. Ajuste para abajo, comodidad para arriba.

Desde la Fundación El Cumplimiento del Deber advirtieron que este tipo de prácticas vacían de contenido las promesas de “achicar el gasto político” y exponen una lógica que parece intacta pese al cambio de relato.

La pregunta, insistente, sigue flotando: quién controla el uso real de los recursos y con qué criterio se habilita semejante despliegue de viajes.

La transparencia no se proclama en discursos ni se predica en redes: se ejerce. Y, una vez más, el ajuste parece recaer sobre los de siempre, mientras algunos representantes recorren el país con pasaje pago y responsabilidad opcional.