El diputado nacional suma una nueva presentación judicial que se agrega a las investigaciones por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Un abogado lo acusó de utilizar recursos del Estado para una acción de carácter personal.
El titular del bloque PRO en la Cámara de Diputado nacional, Cristian Ritondo, enfrenta un nuevo frente judicial. A las causas que ya lo investigan por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito se agregó una denuncia por abuso de autoridad y peculado, vinculada al supuesto uso de recursos públicos para impulsar una acción legal de índole personal.
La presentación fue realizada por el abogado Jeremías Rodríguez y quedó radicada en el Juzgado Federal N° 11, Secretaría 22, a cargo del juez Sebastián Casanello, con intervención del fiscal Carlos Stornelli. Según el escrito, la denuncia por “hostigamiento” que Ritondo promovió contra Rodríguez habría tenido un objetivo intimidatorio y se habría instrumentado mediante funcionarios y medios estatales.
El eje del planteo judicial apunta al abogado Agustín Esnal, firmante de aquella denuncia. Esnal se desempeña como empleado de ACARA, un ente cooperador que contrata personal para cumplir tareas en el Ministerio de Justicia de la Nación. Para el denunciante, el diputado habría recurrido a ese recurso público, incluido el asesoramiento legal, para su defensa privada, lo que podría encuadrar en el delito de peculado.
Respecto a los antecedentes profesionales de Esnal, es socio del estudio Canosa Abogados, docente de Derecho Penal Financiero en la UBA y ex funcionario de organismos como el Ministerio de Seguridad y la ANSES. También pasó por el Poder Judicial y tiene familiares en dependencias clave de ese ámbito.
Según difundió un portal de noticias nacional, Rodríguez imputó, además, a Ritondo el posible delito de abuso de autoridad al considerar que habría utilizado su cargo de diputado nacional y su despacho en el Congreso para impulsar la denuncia en su contra, fijando ese espacio como domicilio legal.
Este nuevo expediente se suma a las actuaciones iniciadas que dieron cuenta de bienes, desarrollos inmobiliarios y sociedades vinculadas al legislador, a su pareja y a una empresa constructora de su entorno. En ese marco, la Justicia solicitó informes y dispuso medidas que confirmaron la existencia de cuentas y operaciones financieras bajo análisis.
