Una denuncia penal presentada ante la Justicia Federal apunta contra el ex presidente Alberto Fernández, el ex ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat Jorge Ferraresi y otros posibles funcionarios, por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas durante la pandemia de Covid-19.
La presentación fue realizada por el periodista Fernando Míguez, en su carácter de presidente de la Fundación para la Paz y el Cambio Climático de Argentina, quien solicitó que se investiguen delitos como negociaciones incompatibles con la función pública, cohecho pasivo, administración fraudulenta, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.
El eje central de la denuncia se basa en declaraciones públicas de la empresaria Lorena González del Valle, quien aseguró haber mantenido una relación personal con Fernández antes de su llegada a la Presidencia.
El registro de la denuncia llevada adelante, la cual tiene legajo en la Justicia.
Según el escrito, durante el año 2020, en pleno aislamiento por la pandemia, la empresaria habría contactado directamente al entonces mandatario para solicitar pendiente ante la paralización de obras que afectaban a su empresa constructora.
De acuerdo a su propio testimonio, tras ese contacto, Fernández la habría derivado a Ferraresi, quien en ese momento se desempeñaba como ministro. Allí, según la denuncia, se le habría indicado que su empresa sería “priorizada” en futuras licitaciones del programa Procrear.
Siempre según el documento presentado, la firma NIRO Construye SA resultó adjudicataria de al menos cuatro de las nueve licitaciones en las que participó, obteniendo contratos para la construcción de más de mil viviendas en distintos municipios bonaerenses, entre ellos Avellaneda, Wilde, Esteban Echeverría, Luján y Martín Coronado.
El denunciante sostiene que estos hechos podrían configurar un uso indebido de la función pública para favorecer intereses particulares, afectando los principios de transparencia y competencia en la obra pública.
En ese sentido, remarca que la supuesta intervención directa del entonces presidente habría sido determinante en la asignación de contratos.
Además, la presentación judicial solicita una serie de medidas de prueba, entre ellas la incorporación de las declaraciones realizadas en el streaming donde se originó el caso, pedidos de informes a la empresa involucrada, requerimientos al Ministerio correspondiente sobre las licitaciones del programa Procrear y peritajes contables para analizar los contratos adjudicados.
También se pide la citación a declarar de los involucrados y el análisis de posibles comunicaciones entre la empresaria y los funcionarios denunciados.
Finalmente, el escrito reclama que la causa avance con celeridad, incluyendo la convocatoria a indagatoria de los acusados y su eventual elevación a juicio oral, al tiempo que advierte sobre la posibilidad de recurrir a instancias superiores en caso de falta de respuesta judicial.
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