Se trata de Marcelo D’Agostino, quien enfrenta graves cargos por hostigamiento, agresiones físicas y de índole sexual.
El tablero político mendocino quedó sacudido en cuestión de horas tras la renuncia del subsecretario de Justicia, Marcelo D’Agostino, quien abandonó su cargo luego de que se conociera una denuncia penal en su contra por abuso sexual y violencia de género. La dimisión, presentada como “indeclinable y voluntaria”, buscó anticiparse al impacto institucional de un caso que ya genera fuerte repercusión.
La denuncia fue presentada por una expareja del ahora exfuncionario y describe un cuadro de extrema gravedad. Según el escrito judicial, los hechos no se tratarían de episodios aislados, sino de un patrón sostenido de violencia que se habría extendido entre 2021 y 2024, con situaciones de hostigamiento que incluso habrían continuado hasta 2025.
De acuerdo con la presentación, D’Agostino fue acusado por delitos de abuso sexual con acceso carnal, lesiones reiteradas, amenazas coactivas y coacción, todo ello enmarcado en un contexto de violencia de género. El relato incluye presuntas agresiones físicas, control sobre la vida cotidiana de la denunciante, aislamiento y prácticas que habrían tenido como objetivo someterla psicológicamente.
Uno de los puntos más delicados del expediente es la mención a un supuesto uso del poder institucional. La denunciante sostiene que el exfuncionario habría recurrido a sus vínculos políticos y judiciales para intimidarla y desalentar cualquier intento de denuncia, configurando así un escenario donde la asimetría de poder jugó un rol central.
La reacción del gobierno de Alfredo Cornejo fue inmediata: aceptó la renuncia en medio de un clima de fuerte preocupación interna. No se trata de un funcionario menor. D’Agostino ocupaba el cargo desde 2015 y era considerado una pieza clave en el vínculo entre el Poder Ejecutivo y el sistema judicial, además de tener injerencia en el Consejo de la Magistratura provincial.
En su carta de dimisión, el exfuncionario aseguró que su decisión apunta a “garantizar la transparencia” y colaborar con la investigación, al tiempo que negó las acusaciones y sostuvo que se demostrará su falsedad.
El caso reabre interrogantes sobre los mecanismos de control dentro del Estado y la capacidad de las instituciones para prevenir y actuar ante denuncias de esta magnitud. También vuelve a poner en foco el tratamiento de la violencia de género en el ámbito político, en un contexto nacional donde las estructuras específicas dedicadas a estas problemáticas han sido desmanteladas en los últimos años, como ocurrió con la disolución del área nacional especializada durante la gestión de Javier Milei.
Mientras la Justicia comienza a investigar, el episodio deja una marca profunda en la escena política mendocina y suma un nuevo capítulo a la discusión sobre poder, impunidad y responsabilidad institucional frente a denuncias de violencia de género.
