Se les trabaron embargos millonarios por el presunto uso de certificados sindicales falsos para inducir en error a la Justicia en perjuicio de la empresa Secar Security Argentina S.A. El expediente reaviva una extensa cadena de antecedentes judiciales y políticos de Julio Gutiérrez, que incluyen causas penales, expulsiones gremiales y su eyección del Ministerio de Trabajo de Santa Cruz tras un grave episodio policial.

La Justicia Federal de San Martín procesó y embargó por 250 millones de pesos a cada uno a Julio Norberto Gutiérrez, secretario general de la Federación Argentina de Trabajadores de la Seguridad Privada (FATRASEP) y titular de la Unión del Personal de Seguridad Privada y Afines de Argentina (UPSAP), junto a otros dirigentes de su entorno sindical, en una causa que investiga una presunta maniobra de estafa procesal y falsificación de documentación para apropiarse de más de 720 millones de pesos de una empresa del rubro aduciendo supuestos aportes laborales.

La resolución fue dictada por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 2 de San Martín, que consideró que existen elementos suficientes para avanzar con el procesamiento de los acusados por los delitos de estafa, falsificación ideológica y uso de documento ideológicamente falso, en una investigación de fuerte impacto en el sindicalismo de la seguridad privada.

Embargos millonarios y acusación central

Además de Gutiérrez, también fueron procesados en la causa Julio César Núñez, apoderado legal de UPSAP, y Juan Marcelo Soria, inspector de fiscalización del gremio. A cada uno se le impuso un embargo de 250 millones de pesos, en función del presunto perjuicio económico ocasionado por la maniobra investigada.

La causa se originó a partir de una denuncia presentada por la empresa Secar Security Argentina S.A., ex Securitas, que acusó a la conducción sindical de haber emitido certificados de deuda sindical falsos con el objetivo de obtener medidas cautelares y embargos judiciales por una suma superior a los 720 millones de pesos.

Cómo habría funcionado la maniobra

Según surge del expediente, los certificados sindicales presentados ante la Justicia habrían sido confeccionados con listados adulterados de trabajadores, incorporando personas que no prestaban servicios para la empresa o que nunca habían integrado su plantel.

Esos documentos —que cuentan con presunción de legitimidad— fueron utilizados para reclamar una supuesta deuda por aportes sindicales correspondiente al período 2018–2022, vinculada a 234 trabajadores. La empresa denunciante sostiene que dicha deuda nunca existió y que la documentación fue armada con datos falsos para inducir en error al tribunal.

A partir de esa presentación, la Justicia dictó una medida cautelar que derivó en el embargo de cuentas bancarias de la empresa, permitiendo el congelamiento de fondos por cifras millonarias. Para el juzgado, ese punto constituye el núcleo de la estafa procesal que se investiga.

El rol de cada uno de los procesados

En la resolución judicial, Gutiérrez aparece señalado como el responsable central de la operatoria, en su carácter de máxima autoridad de UPSAP. Núñez habría intervenido en la presentación formal de los certificados cuestionados, mientras que Soria habría participado en la confección y validación interna de la documentación sindical que luego fue llevada a sede judicial.

Ninguno de los procesados quedó detenido, pero todos quedaron formalmente sometidos al proceso penal y con sus bienes alcanzados por los embargos dispuestos.