Diego Spagnuolo fue embargado por 200 mil millones de pesos en la causa que se inició tras la revelación de Data Clave y Carnaval Stream, con una serie de audios donde el exfuncionario revelaba un sistema de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad. También fueron procesadas otras 18 personas, entre exintegrantes de la ANDIS y empresarios farmacéuticos.
En un documento de más de 300 páginas donde ratificó la investigación que llevó adelante el fiscal Franco Picardi, el juez Sebastián Casanello procesó a Diego Spagnuolo y a otras 18 personas en el marco de la causa por la corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad.
El expediente se había iniciado en agosto del año pasado, luego de la revelación que realizaron Data Clave y Carnaval Stream, que daba cuenta de un esquema de maniobras para generar recíprocamente millonarias ganancias a partir de la adjudicación indebida de contrataciones públicas.
“En esta investigación se ha podido reconstruir la actividad delictiva desplegada por una organización criminal compuesta tanto por funcionarios estatales de la órbita de la ANDIS como por actores particulares, que tenía por objeto generar recíprocamente millonarias ganancias a partir de la adjudicación indebida de contrataciones públicas. Dentro de los primeros se encuentran Diego Spagnuolo, Daniel Garbellini, Diego D’Giano, Eduardo González, Roger Grant y Lorena Di Giorno; dentro de los segundos, Pablo Atchabahian, Miguel Calvete, Federico Santich, Andrés Arnaudo, Patricio Rama, Silvana Escudero, Alejandro Fuentes Acosta, Luciana Ferrari, Guadalupe Muñoz, Patricia Canavesio, Ruth Lozano, Ornella Calvete y Julio Viera”, indicó el juez.
“Una nota característica de este caso es, precisamente, la confusión de intereses públicos y privados, y el desplazamiento de los primeros por los últimos. Los actores ajenos al organismo incidían en el ejercicio de la función pública como si fueran funcionarios, ya sea en la ubicación de personas en áreas claves para la concreción de las maniobras delictivas, o bien en las etapas de los procesos de compra de medicamentos e insumos (por ejemplo, accedían a información reservada, ingresaban con usuarios de agentes estatales al sistema interno que se utilizaba para ejecutar tales procesos, gestionaban la incorporación de empresas a la base de prestadoras de la agencia y la exclusión de otras, así como la adjudicación y/o el pago a favor de algunas y en perjuicio de otras). Coronaba dichos comportamientos un sistema de retornos a través de los cuales se recompensaba a los funcionarios infieles”, detalló.
Casanello procesó a Spagnuolo por los delitos de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en calidad de autor; defraudación por administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública nacional y cohecho pasivo”. A eso le sumó que lo consideró jefe de la asociación ilícita.
Misma calificación de delitos le otorgó a Calvete y a Garbellini. A todos les fijó un embargo mayor a los 200 mil millones de pesos.
“La investigación desarrollada conduce a afirmar que Spagnuolo y Garbellini, tras llegar a convertirse en funcionarios públicos, abrieron las puertas de la ANDIS a agentes externos, o bien los promovieron, en áreas claves para la concreción de la maniobra investigada. En coordinación con Atchabahian y Calvete (quienes permanecían formalmente fuera del Estado), ubicaron a distintos actores de la organización en posiciones estratégicas de la entidad con el objetivo de aprovecharse de ella y de los fondos públicos asignados (a través del direccionamiento de las adjudicaciones hacia sus empresas, o hacia algunas vinculadas, lo que incluyó la simulación de una competencia entre oferentes y significativos sobreprecios)”, agregó.
“Por otro lado, Calvete contó con la colaboración de su hija, Ornella, quien mientras se desempeñaba en un alto cargo del Ministerio de Economía de la Nación participaba de los negocios espurios del padre, aprovechando su influencia, por ejemplo, a la hora extenderlos (particularmente, a través de Profarma), ubicar a algunos colaboradores de aquel en el Estado, o entrar en contacto con empresarios vinculados para desarrollar proyectos comunes”, especificó.
“De este modo, Ornella Calvete no sólo conocía el esquema delictivo operado por su padre, sino que participaba de él brindando información y estableciendo lazos y nuevos canales de negocios que pudieran servir a generar más ganancias, cuya gestión y resguardo resultaban, en parte, también su responsabilidad. De hecho, como apuntó el fiscal, existía entre Miguel y Ornella Calvete una mancomunión en torno a la gestión y obtención de ganancias a partir de diversas actividades. El hallazgo más importante ocurrió en su domicilio. Allí se encontraron importantes sumas de dinero en efectivo cuyo origen guardaría relación con las maniobras investigadas, a saber: seiscientos noventa y cinco mil cuatrocientos cincuenta y siete dólares estadounidenses (USD695.457); diecinueve millones novecientos noventa y seis mil doscientos pesos argentinos ($19.996.200); y mil novecientos sesenta euros (€1.960)”, especificó.
“Una agencia que fue pensada para asegurar el derecho a la salud y bienestar a personas con discapacidad, madres con más de siete hijos, mayores de setenta años en situación de pobreza, entre otros, se convirtió en una oportunidad de rápido enriquecimiento ilícito del grupo que la dirigió, a costa de los fondos públicos que debían garantizar aquellos derechos esenciales”, calificó el juez.
