El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Ciro Álvarez, figura como docente en la UNLaM y en la UBA mientras mantiene su puesto en el Ejecutivo. Declaró estar de licencia, pero los registros oficiales muestran cobros por más de cinco millones de pesos. Su formación académica también genera interrogantes.

Durante años, Alejandro Ciro Álvarez, actual subsecretario de Políticas Universitarias del Gobierno de Javier Milei, fue un personaje casi invisible dentro del sistema educativo. Pero los documentos oficiales muestran que, lejos de ser un outsider, construyó su carrera dentro del Estado y de las universidades públicas, incluso cobrando como docente cuando él mismo admitió no haber dictado clases.

Según registros de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) a los que accedió el medio erévnia, Álvarez percibió $5.587.615,1 brutos entre agosto de 2024 y enero de 2025, equivalentes a 159 becas Progresar. Lo llamativo es que, en reiteradas entrevistas, el funcionario había asegurado estar “de licencia desde el segundo cuatrimestre de 2024”. Los recibos, sin embargo, cuentan otra historia.

En esa casa de estudios, dirigida por Daniel Martínez, rector desde 1998, Álvarez ocupa desde 2011 el cargo de profesor adjunto de Historia Económica Argentina, un puesto al que accedió sin competir con otros postulantes. A fines del año pasado, la universidad informó que su designación pasó a ser ad honorem, pero hasta enero de 2025 el subsecretario cobró su salario completo.

Los registros también revelan inconsistencias sobre su trayectoria docente. En sus declaraciones públicas, Álvarez se presenta como “profesor titular de la UBA”, pero la Universidad de Buenos Aires aclaró que en realidad se desempeña como adjunto interino, y que “no registra cargos concursados”, requisito indispensable para alcanzar la titularidad.

Las dudas se extienden a su formación. En distintos espacios aseguró ser politólogo y estar cursando un doctorado en Economía, pero el registro público de graduados no muestra esos títulos. En el currículum que presentó al asumir como funcionario, reconoció que el único título universitario que posee es el de Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad del Salvador. La UNLaM, además, negó que Álvarez haya cursado estudios de posgrado en esa institución.

El funcionario mantiene desde hace décadas una fuerte presencia dentro del Estado. Ingresó al Congreso Nacional en 1994, donde pasó por distintos despachos legislativos, entre ellos los de Gervasio Bozzano, Eduardo Aguilar, Guillermo Snopek y Leopoldo Moreau, hasta llegar a la Comisión Bicameral de Inteligencia, donde permaneció hasta diciembre de 2023, cuando asumió en la gestión Milei.

Pese al discurso libertario contra la “casta estatal”, Álvarez fue durante años beneficiario de múltiples sueldos públicos. Hasta 2023 percibía tres remuneraciones: una del Senado, otra por la UBA y una tercera por la UNLaM. Al incorporarse al Ejecutivo reemplazó el salario legislativo por el de subsecretario, pero mantuvo sus ingresos universitarios hasta comienzos de este año.

La figura de Álvarez se fortaleció dentro del oficialismo de la mano de Santiago Caputo y Daniel “El Gordo Dan” Parisini, quienes lo apadrinaron políticamente. Durante el lanzamiento de la agrupación Las Fuerzas del Cielo, los militantes lo ovacionaron al grito de “Olé, olé, olé, profe, profe”, a lo que respondió emocionado: “Me van a hacer llorar, lo estoy disfrutando mucho”. En ese acto, reafirmó su lealtad al espacio con una frase que todavía resuena: “Cada uno de nosotros es un soldado de este ejército”.

El paso de Álvarez por la academia es más que controvertido. Intentó ser profesor efectivo en la Universidad Nacional de Villa María en 2001, pero el tribunal evaluador eligió a otro postulante. Aun así, logró construir vínculos con universidades clave, entre ellas la UNLaM, que hoy enfrenta denuncias por arancelamiento ilegal de carreras.

Su relación con Martínez, el rector de La Matanza, se remonta al Congreso de los 90, donde ambos compartieron trabajo bajo el ala de Alberto Pierri, una figura central del menemismo. Desde entonces, mantienen un lazo que se proyectó hasta la gestión actual, con elogios públicos del funcionario hacia la administración de Martínez: “Es una universidad que conozco muy bien, con el 100% de sus gastos rendidos y muy bien administrada”, sostuvo en medios como Neura, La Red y LN+.

La polémica por sus ingresos y sus presuntos títulos falsos encendió las alarmas en el Congreso. En las últimas horas, los diputados Esteban Paulón y Mónica Fein presentaron un pedido de informes para que el Ejecutivo detalle los actos administrativos de designación, los dictámenes sobre incompatibilidades y los haberes percibidos por Álvarez entre 2024 y 2025. También pidieron saber si intervinieron organismos como la Oficina Anticorrupción, la Oficina Nacional de Empleo Público o la Procuración del Tesoro.

Los legisladores recordaron que los decretos 8566/61, 9677/61 y 5196/62 prohíben acumular cargos públicos pagos, salvo excepciones puntuales, y que la Ley de Ética Pública exige dedicación exclusiva a los funcionarios nacionales. Álvarez, mientras tanto, deberá presentarse el próximo miércoles ante la Comisión de Presupuesto para exponer sobre el capítulo universitario del presupuesto 2026 enviado por el presidente Javier Milei.