En un comunicado, respaldaron al juez Walter Saettone y al fiscal Germán Camafreita Steffich, luego de las presiones recibidas por los dirigentes de la Coalición Cívica
La causa donde se investiga al dirigente Matías Yofe por extorsión ha causado distintos efectos. En ese marco, un nuevo comunicado de magistrados surgió en apoyo al juez Walter Saettone y al fiscal Germán Camafreita Steffich en medio de las amenazas que propinó en el expediente Elisa Carrió. Cabe resaltar que la semana pasada se había expedido también la Asociación de Fiscales de Buenos Aires.
Según consta en un informe incorporado a la causa, el 2 de enero, mientras se desarrollaba el allanamiento ordenado judicialmente, el fiscal recibió en su teléfono celular particular una comunicación proveniente de un número que se identificó como la custodia de Carrió. En ese intercambio, el fiscal dejó constancia de que Carrió cuestionó la causa, la calificó como “armada” y vinculó el expediente con distintos dirigentes políticos y judiciales ajenos a la investigación. Siempre de acuerdo al acta, la exdiputada nacional le manifestó que no sabía “en qué se estaba metiendo”, que terminaría preso y que actuaría “en forma despiadada” contra él, anticipándole además que al día siguiente sería portada de todos los medios nacionales.
La conversación, que se extendió durante varios minutos, no fue el único contacto. El fiscal detalló que recibió nuevos llamados, mensajes de WhatsApp y audios, tanto de Carrió como de Albana Zoppolo, quien también se presentó como abogada defensora de Yofe y de su pareja. En esos mensajes se insistía en el ingreso al domicilio, se denunciaban supuestas irregularidades del procedimiento y se advertía sobre una escalada del conflicto.
En ese marco, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de San Isidro reiteró su rechazo “a toda injerencia indebida y todo ataque personal dirigidos a los operadores judiciales en el ejercicio de sus funciones”.
“Resulta imprescindible recordar que el cuestionamiento de las decisiones adoptadas por quienes integran el sistema de justicia debe canalizarse exclusivamente a través de los mecanismos procesales y constitucionales previstos. Cualquier intento de presión, deslegitimación o cuestionamiento por vías ajenas a dichos canales atenta contra la vigencia del Estado de Derecho, la independencia de poderes y el normal funcionamiento de las instituciones”, aseguraron.
“En ese marco, instamos a la sociedad en su conjunto y, de manera especial, a los y las profesionales del derecho, a preservar el respeto por las instituciones y por quienes las integran, convencidos de que solo a través de ese respeto irrestricto es posible fortalecer y mejorar el sistema de justicia”, concluyeron.
