La analista política y candidata a diputada nacional Mila Zurbriggen anunció que denunciará a Javier Milei por su promoción de la criptomoneda señalando delitos y violaciones a la Ley de Ética Pública.
La analista política y candidata a diputada nacional Mila Zurbriggen anunció que presentará una denuncia penal contra el presidente Javier Milei por su promoción de la criptomoneda $LIBRA en su cuenta de X (ex-Twitter).
Zurbriggen sostiene que el mandatario podría haber incurrido en delitos como negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265), fraude informático (art. 173, inc. 11) y abuso de autoridad (art. 248). Además, advierte que el episodio podría derivar en un pedido de juicio político.
El escándalo surgió cuando Milei mencionó en redes sociales el proyecto “Viva la Libertad Project”, cuya criptomoneda, $LIBRA, prometía financiar pequeñas empresas argentinas.
Minutos después del anuncio, el activo digital experimentó una abrupta suba, seguida de una caída pronunciada, lo que despertó sospechas sobre una posible maniobra fraudulenta.
Analistas advirtieron que el 80 por ciento de los tokens estaban concentrados en solo cinco billeteras y que el dominio web del proyecto había sido registrado el mismo día.
Ante la creciente polémica, Milei eliminó el tuit y aseguró que desconocía los detalles del emprendimiento, pero esto no impidió que Zurbriggen y otros sectores políticos lo responsabilicen por su accionar.
La candidata a diputada afirmó que el hecho constituye una violación a la Ley de Ética Pública y representa un riesgo para la estabilidad institucional del país. Legisladores opositores también evalúan impulsar un pedido de juicio político en su contra.
El debate sobre si un simple mensaje en redes puede configurar un delito penal se intensifica en un contexto de alta volatilidad económica y desconfianza institucional.
Mientras Milei intenta desvincularse del proyecto, Zurbriggen insiste en la necesidad de investigar si hubo intención de manipular el mercado o si se trató de un acto de imprudencia con consecuencias legales.
En cualquier caso, el episodio pone en jaque la imagen del presidente y reaviva la discusión sobre los límites del uso de las redes sociales por parte de los funcionarios públicos.
