El joven indígena de 22 años fue asesinado por gendarmería el jueves en la ciudad fronteriza de La Quiaca. Ayer sábado se realizó la autopsia con la presencia de un perito puesto por familiares que confirmó que Ivo murió producto de un disparo mortal mientras manejaba su moto y era perseguido. Tras la audiencia en el fuero federal la jueza a cargo dictó la prisión preventiva a los cuatro gendarmes y aumentó la imputación a homicidio doblemente agravado.
Ayer sábado el abogado de la familia, Carlos Sebastián Espada, confirmó que el viernes por la noche la causa pasó al fuero federal ya que fue el Ministerio Público de la Acusación – MPA, de Jujuy, a través del fiscal regional, Alberto Mendivil, quien tomó la misma en las primeras horas y estaba caratulada como homicidio calificado.
La autopsia se desarrolló en la morgue judicial con la presencia de la perito de parte, la Dra. Silvia Brizuela, representando a familiares, quien confirmó tras finalizar la misma que Ivo recibió dos disparos de bala en su cuerpo y uno fue mortal. También que fue mientras conducía la moto, de cerca, y que, si bien hay que determinar otras pruebas criminalísticas, sería con bala de calibre 9mm que es la que utiliza Gendarmería. Hay que agregar que la moto que conducía el joven tenía 7 disparos, según informaron sus parientes y el abogado.
Tras el cambio de fuero, la causa cambió a homicidio agravado sobre los cuatro gendarmes que se encuentran detenidos, el subalférez Alexander Ezequiel Gunther, el sargento 1º Walter Daniel Álvarez, el cabo 1° Marcos Leonardo Wysniewki y la cabo Juliana Carina Enciso, quienes estuvieron en el móvil durante la persecusión y asesinato de Ivo. La imputación tomó como agravante la función o cargo “cuando fuere miembro integrante de las fuerzas de seguridad, policiales o del servicio penitenciario” (Inciso incorporado por art. 1” de la Ley 25.816 B.O. 9/12/2003).
Hoy domingo realizada la primera audiencia en el fuero federal la jueza Carina Inés Gregoraschuk dictó la prisión preventiva de los cuatro gendarmes y aumentó la imputación por homicidio doblemente agravado. Esta semana la defensa de la familia se constituirá como querella.
Los hechos
El mismo trascendió el jueves por la noche y llamó la atención la poca información respecto de lo que es un crimen de Estado. De hecho, mientras Ivo Rodrigo era perseguido por los cuatro efectivos de gendarmería nacional pertenecientes al Escuadrón 21, por una zona periférica saliendo de la ciudad de La Quiaca, el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, se encontraba en la ciudad y desarrollaba actos protocolares junto a su par local, el intendente Dante Velázquez , funcionarios y diputados de la UCR y el PJ.
La única información que dio el medio local La Quiaca al Día daba cuenta de que la causa la tenía la justicia provincial, a través del Ministerio Público de la Acusación, y que los gendarmes estaban detenidos. Reina Alancay, madre de Ivo y familiares, solamente recibieron llamados desde la policía de la ciudad de La Quiaca y de fiscalía.
Fueron los organismos de derechos humanos, comunidades y organizaciones indígenas, y la izquierda que se hicieron eco de lo transmitido por la referente indígena, Aurora Choque, quien dio a conocer lo que había sucedido con quien era su sobrino. Eso permitió romper el cerco mediático, los cambios de fuero y carátula.
Desde la policía de La Quiaca, a través de un funcionario a cargo, dio una conferencia de prensa recién el viernes a la tarde a medios locales dando cuenta que “se tomó conocimiento de un accidente de tránsito” aproximadamente a las 10.30 hs del jueves 6/11, y que fueron a constatar el hecho en la zona del Barrio Las Praderas, en acceso sur de la ciudad de La Quiaca. Sostuvo que el personal policial se da con la situación de la presencia de efectivos de Gendarmería y del SAME, y que procedieron a dar aviso a fiscalía donde se demoraron a cuatro efectivos.
Según dichos del funcionario supuestamente el “personal de gendarmería había detectado a una persona que circulaba y que aparentemente transportaba hojas de coca”.
Pasaron 72 horas, y el Ministerio de Seguridad, comandado por Patricia Bullrich, a cargo del accionar de Gendarmería Nacional, no emitió opinión al respecto. La situación es muy grave, ya que Ivo fue perseguido por cuatro oficiales y le dispararon aparentemente a quemarropa con balas de plomo. El joven solo llevaba hojas de coca, que se consume masivamente en la provincia, a la comunidad, alejada de los centros urbanos, para su venta en el lugar. También como sostuvo su familia y su pareja, que estuvo minutos antes con él, había comprado sus turrones favoritos.
El Gobernador Carlos Sadir tampoco emitió opinión al respecto, más allá que hubo actuación del Ministerio Público de la Acusación y de policía de la provincia.
Ayer sábado en la morgue judicial, además de familiares estuvieron referentes de derechos humanos, como Fabiola Suarez de la Coordinadora contra la represión y la diputada del PTS FIT, Natalia Morales, integrante de la comisión de derechos humanos de la Legislatura de Jujuy, entre otros presentes. Leonardo Pérez Esquivel e integrantes de la Misión de Defensa de los Derechos Humanos, articularon para poner en contacto a la perito de parte con el equipo forense de Buenos Aires, y que se pueda garantizar el protocolo de Minnesota. Sostuvo que la autopsia tendría que haberse desarrollado en el fuero federal, pero el hecho mismo que se haya acelerado la misma, impidió solicitar el cambio, más aún si en las primeras horas la causa la tramitaba la justicia local.
Desde el viernes fueron múltiples las expresiones de repudio y de justicia desde las organizaciones indígenas que integraron en el 2023 el Tercer Malón de la Paz. La más importante fue el comunicado de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, que nuclea a más de 33 comunidades indígenas, donde Ivo y su familia son parte. También Nación Omawaca, el Parlamento de Naciones, Pueblos y Comunidades indígenas “Narciso López”, y Malón Vive. También HIJOS Jujuy, y sectores docentes como El Hormiguero.
