El procesamiento a Jorge Bacigalupo vuelve a mostrar cómo el ecosistema K siempre encuentra un invitado dispuesto a embarrar pruebas, manipular textos y torcer investigaciones
El juez Marcelo Martínez de Giorgi volvió a poner bajo luz fría un capítulo que el kirchnerismo quisiera tapar con pintura fresca: el procesamiento del expolicía Jorge Bacigalupo, acusado de adulterar los famosos cuadernos de Centeno, ese prontuario escrito a mano que dejó al desnudo la ingeniería criminal del poder.
No cualquier poder: el que comandaba Cristina Kirchner, condenada por corrupción y obsesionada con reescribir su propia historia… ahora también literalmente. El expediente muestra que Bacigalupo hizo algo más que custodiar los cuadernos del chofer: los intervino, los tachó y los retocó.
Según el análisis forense, las enmiendas, nombres cambiados, direcciones alteradas, pasajes reescritos, no pertenecen a la letra de Centeno sino al puño y letra del expolicía. Una cirugía caligráfica que, curiosamente, beneficiaba a algunos empresarios y desplazaba responsabilidades de otros, siempre acomodando la narrativa hacia donde convenía.
El caso nació por la denuncia del empresario Armando Loson, quien descubrió que las anotaciones “corregidas” lo hundían sin que hubiera pisado los lugares que mágicamente aparecían en la historia.
En los cuadernos 4 y 7, “Marcelo” se convirtió en “Armando”, “Alem 855” fue retocado, y aparecieron nombres como “Ing. Ferreyra” en escenas de 2008 donde nadie lo había mencionado. Un nivel de intervención que haría sonrojar a cualquier falsificador amateur.
Los peritos, grafoscopía, lingüística, UBA, independientes, coincidieron: todo el trabajo de Bacigalupo parece un intento desesperado por desviar la investigación, un volantazo jurídico para enturbiar una causa que ya tenía suficiente mugre como para ensuciarla más.
Estas nuevas pruebas superan las limitaciones de los viejos peritajes, los mismos que lo habían salvado antes. Esta vez, no hay salvavidas: la autoría de la adulteración es “unívoca”, dice el juez.
Martínez de Giorgi lo procesó por encubrimiento agravado y falsificación de instrumento público, delitos que encajan perfecto en la lógica K: cuando la Justicia avanza, siempre aparece un intérprete espontáneo dispuesto a reescribir la historia “a medida”.
Y como era de esperar, lo que se buscaba era “favorecer a al menos una persona” mientras se desviaba la culpa hacia Loson. Una maniobra digna de manual: cuando algo no conviene, se borra, se corrige, o se reescribe… como fueron reescritas tantas hojas de ese poder que Cristina manejó durante años.
La resolución también detalla que la movida tenía ramificaciones más amplias: la adulteración buscaba influir en la causa por la defraudación en la importación de GNL, donde los cuadernos eran evidencia clave.
El juez le trabó un embargo de 150 millones, le prohibió salir del país y, por ahora, quedó libre sin preventiva. Una libertad condicional que suena más a “no te vayas muy lejos que recién empezamos”.
El personaje en cuestión no es un improvisado. Bacigalupo, conocido como “testigo B”, tenía una relación de años con Centeno, el chofer que abrió, sin querer queriendo, una puerta que dejó ver cómo funcionaba el reparto de bolsos, visitas, reuniones y rutas de dinero del ministerio de Planificación de la era K, aquel feudo donde Cristina, Roberto Baratta, Julio De Vido y compañía tejieron la red que terminó exponiendo su circuito de coimas.
La historia está llena de gestos que hoy suenan irónicos: Bacigalupo decía no haber leído los cuadernos, pero fue él quien se los entregó al periodista Diego Cabot, después de guardarlos más que a sus propias convicciones, porque “esto va a ir cada vez peor”.
Y claro: cómo no iba a ir peor si los cuadernos registraban un mecanismo de recaudación paralela que describía el modo de operación de la banda que lideraba Cristina Kirchner, hoy condenada y empecinada en presentarse como víctima de un sistema que, casualmente, logró controlar por años.
