La gestión de Demian Reidel en Nucleoléctrica quedó en el ojo de la tormenta.
Si bien desde la gestión libertaria buscan instalar que todo marcha de acuerdo al plan, las denuncias que se van acumulando y las tensiones internas que no se aplacan a pesar del triunfo electoral de octubre pasado, siguen agitando fantasmas en la Casa Rosada.
Quien ahora es señalado y quedó en el ojo de la tormenta es el titular de Nucleoeléctrica Argentina, Demian Reidel. Es que el funcionario quedó expuesto por la aparición de múltiples denuncias por presuntos sobreprecios, direccionamiento de contratos y debilitamiento de los controles internos en una empresa estratégica del Estado.
Para los memoriosos, Reidel, que es físico y economista y tiene pasado en el Banco Central en tiempos de Federico Sturzenegger, fue aquel que dio un discurso en el Latam Forum del Foro Económico Internacional de las Américas y, en un fragmento de su alocución aseguró que el problema de la Argentina es que “están pobladas por argentinos”.
“Tenemos grandes extensiones de tierra con acceso a energía y agua, climas fríos, que es la cereza del postre para el enfriamiento de los sistemas AI; y además, estamos en un área sin conflictos armados, sin tsunamis, sin terremotos. No hay muchos lugares en la Tierra con esas cualidades”, dijo Reidel, que venía hablando sobre las bondades de nuestro país, pero cerró su idea afirmando: “Obviamente, el problema es que estas áreas están pobladas de argentinos. Así que ésta es una de las cosas que hemos arreglado. Estamos estabilizando la macro, estamos dándoles el marco legal para explicarles que estamos abiertos a negocios esta vez”.
Sin embargo, la nueva llegada del funcionario al centro de la escena ahora toma tintes que lo podrían complicar en el plano judicial. En ese sentido, vale remarcar que el primer foco del escándalo se encendió en torno a una licitación del servicio de limpieza en áreas sensibles de las centrales Atucha I y II.
Según trascendió, el proceso incluyó cambios en los requisitos de admisibilidad, plazos reducidos y criterios técnicos que achicaron la competencia. De nueve empresas oferentes, sólo dos superaron la evaluación técnica inicial: LX Argentina y La Mantovana Servicios Generales.
Sin embargo, días después apareció incorporada Limpiolux en la etapa económica, pese a no haber sido evaluada técnicamente por el área requirente. Ese movimiento disparó cuestionamientos internos por la ruptura de la trazabilidad administrativa. Las tres ofertas presentadas superaron ampliamente los valores históricos del servicio, y la de LX Argentina, la más baja dentro de ese grupo, implicaba un aumento estimado en más del 140 por ciento respecto del contrato vigente.
La denuncia interna fue elevada por el gerente de planta de Atucha I-II, Juan Pablo Nolasco Sáenz, ante el Comité de Integridad. Allí advirtió sobre presiones, intentos de modificar informes técnicos ya emitidos y pedidos para “justificar” económicamente propuestas más caras. El conflicto escaló al punto de que el directorio de Nucleoeléctrica resolvió frenar la licitación y apartar de sus cargos al gerente general Marcelo Famá y al gerente de Coordinación Administrativa Hernán Pantuso, ambos designados por Reidel y considerados parte de su círculo de confianza.
Otra denuncia
Sin embargo, no fue la única denuncia recibida por Reidel, ya que la Seccional Zárate de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó una denuncia formal contra la gestión de Reidel por una contratación tecnológica vinculada a la migración del sistema SAP a HANA/S4HANA. Según el gremio, el costo del proyecto pasó de 600.000 dólares a 7.000.000, un salto del 1.067 por ciento que absorbió el presupuesto anual del área de IT y generó un riesgo patrimonial grave para la empresa.
En la presentación, la central obrera sostuvo que el problema no fue el sistema elegido, sino la ausencia de auditoría integral, justificación documentada y trazabilidad de las decisiones. También advirtió sobre la falta de información clara respecto al alcance real del proyecto, las modificaciones introducidas, las órdenes de cambio y las comparativas de mercado.
El sindicato habló de un patrón de conducta caracterizado por decisiones tomadas por circuitos informales, debilitamiento de los controles internos y riesgo de gastos impropios. Por ese motivo, reclamó la preservación de toda la evidencia, el congelamiento de pagos asociados al contrato SAP y la apertura de una auditoría técnica, administrativa y económica, además de posibles sumarios y derivaciones a organismos de control externos.
Las denuncias se producen en un contexto político sensible, con el Gobierno avanzando en su plan de privatización parcial de Nucleoeléctrica y con una interna abierta en la conducción de la empresa. El silencio público de Reidel frente a los cuestionamientos profundiza la tensión y mantiene abierto un conflicto que amenaza con escalar al plano judicial y parlamentario.
Mientras tanto, el caso expone una contradicción central del discurso libertario: la promesa de eficiencia y transparencia choca con acusaciones de sobreprecios millonarios y manejos opacos en una de las empresas estratégicas del Estado. Un frente incómodo para el Gobierno, que suma ruido en un área clave y deja a Reidel bajo una lupa cada vez más pesada.
