Tras la denuncia que hizo el juez Sebastián Casanello por lo sucedido con el empresario aeronáutico Sergio Mastropietro, otro magistrado federal ordenó una serie de medidas para dilucidar la responsabilidad de las autoridades en el episodio donde no se pudo hallar el teléfono del involucrado en la trama de corrupción.
La causa por las presuntas coimas dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad ya tiene múltiples capítulos. Uno de ellos desató tal papelón que generó una nueva causa judicial, que ya tuvo sus primeros avances.
El sábado 15 de noviembre, el empresario aeronáutico Sergio Mastropietro llegó al país. Investigado por la causa ANDIS, las autoridades aeroportuarias tenían la orden de secuestrarle su teléfono, tal como requirió el fiscal Franco Picardi. Eso no pasó: Mastropietro se escabulló y el celular nunca llegó a los tribunales federales.
Por ese motivo, hace diez días, el juez de la causa ANDIS, Sebastián Casanello, consideró que debía investigarse lo sucedido con el empresario y la inacción, complicidad o torpeza de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Dirección de Migraciones. Esa denuncia recayó en el Juzgado Federal Nº 6, que subroga Daniel Rafecas, quien en los últimos días decidió avanzar con una serie de medidas.
A requerimiento de la fiscal Paloma Ochoa, el juez federal Rafecas le solicitó a Migraciones que le remita el protocolo de actuación en esos casos y que le informen todo lo relacionado con las facultades que tiene el organismo tanto para demorar personas como para secuestrar pertenencias ante una orden judicial vigente.
Además, ordenó una serie de medidas para establecer el accionar de la PSA y pidió las cámaras de video tanto del aeropuerto de Tucumán (donde Mastropietro hizo una sorpresiva escala) como del Aeroparque Jorge Newbery, para reconstruir el camino que hizo apenas se bajó del avión privado. Por último, se solicitó a una empresa telefónica el listado de llamadas entrantes y salientes del teléfono.
La maniobra
Mastropietro, que es señalado por la fiscalía como una pieza central del entramado económico que operaba alrededor de la Agencia Nacional de Discapacidad, aterrizó el sábado 15 en un vuelo privado proveniente de Miami. Su plan de vuelo era directo, pero la aeronave hizo una parada inesperada en Tucumán, donde realizó una llamada cuyo destinatario todavía no fue identificado. Ese desvío retrasó todo el operativo, que debía ejecutarse apenas bajara en el Aeroparque Jorge Newbery.
La orden del juez Casanello era secuestrar sus dispositivos electrónicos. Sin embargo, cuando Mastropietro pisó Aeroparque, ni la PSA ni Migraciones concretaron la requisa y lo dejaron salir. Cuando el juzgado se enteró de lo que había ocurrido, ambos organismos salieron a buscarlo. Lo alcanzaron, pero ya era tarde; el empresario dijo que su celular había quedado “en otro lugar” y que había “desaparecido”. Un relato poco creíble.
En la causa por corrupción en la ANDIS, la fiscalía reconstruyó un circuito con compras direccionadas, licitaciones hechas a medida, proveedores favorecidos y retornos sistemáticos. Allí aparece el rol de Mastropietro, señalado por el fiscal Franco Picardi como un operador clave para recibir, administrar y legitimar fondos provenientes del grupo encabezado por Miguel Ángel Calvete dentro del organismo. Ese equipo, con vínculos con funcionarios y con el propio Diego Spagnuolo, manejó durante meses los recursos asociados al programa “Incluir Salud”. Spagnuolo incluso visitó en varias oportunidades al empresario, lo que reforzó la sospecha de un circuito político-organizativo detrás del movimiento de dinero.
La pista más concreta surgió de la relación entre Mastropietro y Baires Fly S.A., la empresa de aviación privada que habría puesto el avión que lo trajo desde Estados Unidos. El 10 de septiembre de 2025, Calvete le envió al empresario cinco archivos con transferencias por cientos de millones de pesos provenientes de droguerías sospechadas de haber sido beneficiadas en las contrataciones: Profarma S.A., Prolite Orthopedics S.R.L. y Probock S.R.L. Inmediatamente después, Mastropietro emitió facturas desde Baires Fly por montos idénticos, bajo un mismo concepto: “compra de kilómetros nacionales para ser usados en aeronaves de la empresa”. Para Picardi, era una ingeniería destinada a darle apariencia legal a fondos de origen irregular.
