La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores llevará a la justicia penal a los interventores de su obra social, OSPRERA, por supuestas acusaciones infundadas y decisiones administrativas que afectan a los afiliados. Desde el gremio denuncian el nombramiento de empleados con sueldos elevados, el aumento de conflictos judiciales y la falta de auditoría en medicamentos oncológicos.

El conflicto entre la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y la intervención de su obra social, OSPRERA, escaló en las últimas horas con una fuerte respuesta del gremio liderado por José Voytenco. Desde UATRE confirmaron que acudirán a la justicia penal para denunciar lo que consideran “falsas acusaciones” promovidas por los interventores, a quienes acusan de actuar con una “clara intencionalidad política” y de poner en riesgo la atención médica de los trabajadores rurales.

Según detalló la conducción sindical, durante los casi 60 días en que la Comisión Directiva designada por el gremio estuvo a cargo de OSPRERA, entre septiembre y octubre del año pasado, se implementaron medidas de saneamiento financiero y mejoras en la gestión. En este período, se renegociaron contratos con proveedores de medicamentos, lo que permitió ahorros de hasta 1.000 millones de pesos mensuales, además de la contratación de auditorías externas para optimizar la provisión de medicación oncológica y de alto costo.

Sin embargo, la intervención ordenada por el Gobierno en octubre de 2024 revirtió estos cambios y generó nuevas disputas dentro del gremio. UATRE denuncia que, en estos tres meses, la conducción designada por la justicia ha tomado decisiones perjudiciales para la estabilidad de la obra social y el acceso a la salud de sus más de 700.000 afiliados.

Entre los principales cuestionamientos, el sindicato destaca la incorporación de casi 60 empleados con sueldos elevados. En este sentido, mencionan como ejemplo al actual interventor, Marcelo Petroni, quien habría percibido un honorario de $1.400.000 por dos días de trabajo. Además, aseguran que en solo tres meses pasaron cinco gerentes de prestaciones, lo que evidencia falta de planificación y desconocimiento del funcionamiento de una obra social.

Los efectos de esta situación, según UATRE, ya impactan directamente en los afiliados. En diciembre, una droguería embargó a la intervención de OSPRERA por más de $4.000.000.000 debido a una deuda no saldada. Además, denuncian que en enero la auditoría profesional de los tratamientos oncológicos y de alto costo fue discontinuada, lo que generó atrasos en la entrega de medicamentos y dificultades económicas para cientos de afiliados.

El secretario general de UATRE, José Voytenco, fue categórico al respecto: “La única solución para OSPRERA y para todos los trabajadores rurales del país es que sea la UATRE, a través de las autoridades que designe, la que administre su obra social”. Desde el gremio sostienen que tienen la experiencia, la capacidad y la fortaleza para recuperar OSPRERA y garantizar su correcto funcionamiento.

Este conflicto se enmarca en una serie de denuncias cruzadas entre UATRE y la intervención. Recientemente, los interventores denunciaron a José Voytenco y otros dirigentes gremiales por amenazas y daños a una sede en La Plata, tras una manifestación en la que exigieron el control de la obra social. A su vez, UATRE impugnó judicialmente la designación del interventor, argumentando que su nombramiento fue promovido por un juez que luego fue apartado por incompetencia.

La tensión en OSPRERA no solo genera preocupación dentro del gremio, sino que también impacta en los trabajadores rurales y sus familias, quienes ven en riesgo su cobertura de salud. Mientras UATRE avanza con su estrategia judicial, los afiliados de la obra social siguen esperando una solución que garantice la continuidad de sus tratamientos médicos y prestaciones básicas.

Los antecedentes oscuros del mafioso y chorro sindicalista Voytenco Jose

La Justicia allanó la sede de OSPRERA, la segunda obra social más grande del país, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero y desvío de fondos sindicales. Según la orden emitida por el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, también se embargaron los bienes y se inhibieron las cuentas bancarias de Voytenco. Entre los activos bajo sospecha se encuentra una lujosa residencia en un club de campo de Cañuelas, valuada en más de un millón de dólares, y una colección de relojes de alto valor que supera los 150.000 dólares.

Según pudo averiguar enclave.arg, la querella presentó fotos de la construcción de la casa en el country de Cañuelas, la cual Voytenco negó poseer, y también pruebas de una posible maniobra ilegal por parte de la secretaria de Actas, Prensa y Propaganda del Secretariado Nacional de UATRE, Carolina Llanos. “Llanos, junto con sus dos hijos, uno de los cuales trabaja en OSPRERA, mantiene un estilo de vida que incluye viajes al exterior, propiedades en varias provincias y autos de lujo”, detallaron fuentes cercanas al caso.

Millonarios subsidios y deudas impagas

La investigación judicial también puso el foco en el manejo financiero de OSPRERA. Según documentos obtenidos por la Superintendencia de Servicios de Salud, en los últimos cuatro años la obra social recibió 26.090 millones de pesos en subsidios estatales. Sin embargo, sus deudas no hicieron más que aumentar, alcanzando los 43.949 millones de pesos. “La denuncia sugiere que parte de estos fondos habrían sido desviados mediante acuerdos irregulares con empresas proveedoras, como ‘El Surco Seguros’ y la consultora ‘Taquion’, las cuales, según la acusación, habrían realizado pagos de retornos a Voytenco”, comentaron a Enclave-Arg

La defensa de Voytenco y el juego de jurisdicciones

Frente a las acusaciones, la defensa de Voytenco, liderada por el abogado Peisajovich, presentó un recurso de nulidad y solicitó que se declaren nulas varias decisiones judiciales recientes. Por su parte, el fiscal Sergio Mola, encargado de la causa, intentó trasladar el caso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se encuentran las sedes de OSPRERA y las empresas señaladas en la denuncia. Mola argumentó que esta estrategia, conocida como “fórum shopping”, busca manipular el tribunal que atiende el caso. Sin embargo, el juez Villena rechazó el pedido y decidió mantener la causa en su jurisdicción, lo que llevó a la Fiscalía a apelar la decisión y solicitar la recusación del magistrado por cuestionamientos a su imparcialidad. Finalmente, Sergio Mola fue recusado.

La intervención de UATRE y RENATRE: un paso histórico

En un giro significativo, la Secretaría de Trabajo de la Nación solicitó a la Cámara Nacional Laboral la intervención de UATRE y su ente aledaño, el Registro Nacional de Trabajadores Rurales (RENATRE). Según comentaron a Enclave-Arg, “este pedido se basa en el artículo 56 de la Ley de Asociaciones Sindicales, que faculta a la Secretaría de Trabajo a intervenir en casos de irregularidades graves”. OSPRERA ya se encuentra intervenida, y este nuevo paso podría marcar el inicio de una reestructuración profunda en el sindicato y sus organismos relacionados.

La medida llega después de años de denuncias y reclamos por parte de sectores internos de UATRE, que dieron cuenta de la falta de transparencia y la connivencia entre la cúpula sindical y ciertos actores políticos y empresariales. “El estilo de vida que tienen es público porque lo publican por todos lados y es algo que no podés llevar adelante con un sueldo ni siquiera jerárquico. Todo está basado en desmedro de los afiliados de la obra social”, señalaron desde el sector denunciante a Enclave-Arg