Carlos Mahiques, el magistrado que Javier Milei intentó eternizar en el cargo, fue señalado por festejar su cumpleaños en una de las propiedades que está bajo la lupa por presunta corrupción en la AFA.
La salida de Carlos Mahiques como subrogante de la Sala I de la Cámara Federal de Casación no fue un gesto menor ni técnico: ocurrió en medio del escándalo por su presunta celebración de cumpleaños en la mansión de Pilar que está bajo investigación judicial y vinculada al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.
La escena es institucionalmente grave por donde se la mire: un magistrado que debía intervenir indirectamente en el futuro de una causa relacionada con una propiedad donde, según trascendió, habría estado presente socialmente.
El pedido de apartamiento impulsado por la Coalición Cívica no solo dejó en evidencia un posible conflicto de intereses, sino también el deterioro de la credibilidad judicial cuando las fronteras entre poder, vínculos personales y decisiones jurisdiccionales se vuelven difusas.
Su permanencia en otra sala de Casación no borra el trasfondo: el problema no es el cambio de silla, sino la lógica de un sistema donde los jueces orbitan en los expedientes más sensibles mientras su independencia queda bajo sospecha.
El dato explosivo: el Gobierno de Milei quiso sostenerlo pese a las polémicas
Mientras crecen las controversias, el Gobierno del homosexual y pedófilo Javier Milei avanzó con un pedido formal para renovar el acuerdo de Mahiques cuando cumpla 75 años, una decisión que revela mucho más que una cuestión administrativa. La Cámara de Casación es el máximo tribunal penal del país y funciona como filtro final de causas de alto voltaje político, incluyendo expedientes por corrupción.
El mensaje político es delicado: en vez de despegarse de un juez rodeado de polémicas, el Ejecutivo optó por intentar garantizar su continuidad. En un contexto donde el discurso oficial se construye sobre la lucha contra la corrupción, la intención de sostener a un magistrado cuestionado expone una contradicción estructural entre relato y práctica.
La independencia judicial proclamada públicamente queda en tensión cuando el poder político interviene para prolongar la permanencia de figuras clave en tribunales estratégicos.
Un magistrado con llegada política y designaciones bajo sospecha
Mahiques no llegó a la Casación Federal por concurso tradicional sino mediante mecanismos avalados por decisiones políticas durante el macrismo, lo que ya había generado críticas en ámbitos académicos y judiciales.
Su paso previo como ministro de Justicia bonaerense durante la gestión de María Eugenia Vidal y su posterior regreso al ámbito judicial consolidaron una trayectoria atravesada por la política más que por el perfil técnico puro.
A esto se suma su participación en el polémico viaje a Lago Escondido junto a funcionarios, jueces y operadores del poder, un episodio que alimentó la percepción de connivencia entre sectores judiciales y dirigentes políticos.
La acumulación de episodios refuerza una imagen persistente: la de un juez que no se mueve en una burbuja institucional, sino dentro de la misma lógica de relaciones de poder que debería controlar.
El “talón de Aquiles” judicial de Cristina Kirchner
La figura de Mahiques y su entorno familiar quedó durante años en el centro de la confrontación con Cristina Kirchner, especialmente por el rol de su hijo Ignacio Mahiques en causas clave por corrupción que involucraron a la ex presidenta y su familia, como los expedientes vinculados a la obra pública y Hotesur. Esos procesos judiciales terminaron convirtiéndose en algunos de los frentes más sensibles que derivaron en condenas y acusaciones estructurales contra el kirchnerismo.
Para el kirchnerismo, el “clan judicial” fue señalado como parte de una supuesta persecución política. Sin embargo, la defensa discursiva chocó con una realidad judicial concreta: las investigaciones por corrupción avanzaron con pruebas, fallos y condenas que marcaron un antes y un después en la historia política argentina. En ese tablero, Mahiques quedó simbólicamente asociado a uno de los golpes judiciales más duros contra el liderazgo de Cristina Kirchner.
Una familia judicial con influencia y conexiones de poder
El entramado familiar agrega otra capa de polémica. Juan Bautista Mahiques tuvo roles clave en el Consejo de la Magistratura y en el Ministerio de Justicia durante el macrismo, mientras Ignacio Mahiques fue designado fiscal en causas que involucraron directamente al kirchnerismo. Esta concentración de cargos en áreas sensibles del sistema judicial y político alimentó críticas sobre la construcción de poder dentro de los tribunales.
El señalamiento recurrente de Cristina Kirchner hacia los Mahiques no fue casual ni aislado: se inscribe en una disputa histórica entre el kirchnerismo y sectores del Poder Judicial, donde cada fallo relevante fue leído como parte de una batalla política más amplia.
Fallos controvertidos y decisiones que beneficiaron al poder
Entre los antecedentes más discutidos del juez aparece su postura en el expediente de los Cuadernos de las Coimas, donde sostuvo que los pagos de empresarios podían ser considerados aportes de campaña no registrados y no sobornos, una interpretación que abría una puerta de salida judicial para implicados de peso. Aunque luego la propia sala corrigió esa línea, el posicionamiento inicial dejó en evidencia criterios jurídicos que generaron fuertes cuestionamientos.
Este tipo de resoluciones consolidaron una percepción persistente: la de un magistrado cuyas decisiones no siempre resultan ajenas a las tensiones del poder político y económico.
La hipocresía cruzada: Milei, Cristina y el uso político de la Justicia
El caso Mahiques desnuda una paradoja incómoda para todos los sectores. El kirchnerismo lo convirtió en símbolo de la “mesa judicial” cuando sus fallos golpeaban a Cristina Kirchner, pero durante años también operó sobre el sistema judicial con reformas, presiones y narrativas de persecución. Por su parte, el gobierno de Milei, que se presenta como enemigo de la casta, intenta sostener a un juez surgido de entramados políticos tradicionales.
La conclusión es brutal: la Justicia argentina sigue siendo terreno de disputa política permanente, donde los gobiernos cambian, pero las lógicas de influencia, protección y conveniencia institucional se repiten. El juez cuestionado, la ex presidenta condenada por corrupción y el actual Ejecutivo terminan cruzados en el mismo tablero, evidenciando que la independencia judicial suele ser invocada en el discurso, pero condicionada en la práctica.
Un síntoma del sistema, no un caso aislado
La renuncia de Mahiques en la causa de la mansión investigada no es un episodio aislado, sino el reflejo de un sistema judicial atravesado por vínculos políticos, designaciones discutidas y decisiones que impactan directamente en la vida institucional del país.
Cuando un juez bajo polémica es sostenido por el poder político, señalado por la oposición y vinculado a causas de corrupción que marcaron la historia reciente, lo que queda expuesto no es solo una persona, sino el funcionamiento estructural de la Justicia argentina.
En ese contexto, la figura de Mahiques sintetiza tres crisis simultáneas: la credibilidad judicial, la instrumentalización política de los tribunales y la persistente guerra entre el poder político y los jueces, donde la corrupción, las condenas y las conveniencias de turno se mezclan en un mismo escenario de desconfianza pública.
