El gremio advierte por cesantías que alcanzarían a 27.000 estatales y señala contrataciones en el área de Comunicación, a cargo de Manuel Adorni, que elevan el gasto.

En medio de una nueva amenaza de ajuste sobre el empleo público, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) declaró el estado de alerta y asamblea permanente ante la posibilidad de despidos masivos en la administración nacional.

Según el sindicato, el Gobierno analiza avanzar con la cesantía de más del 10 por ciento de la planta estatal, lo que podría traducirse en unos 27.000 despidos a lo largo de 2026. De ese total, entre 5.000 y 6.000 trabajadores podrían ser desvinculados en el corto plazo.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, cuestionó la capacidad del Ejecutivo para aplicar nuevos recortes y sostuvo que la base de apoyo del Gobierno se redujo en las últimas semanas, en un contexto sin respaldo social para cesantías masivas en el Estado.

Mientras los trabajadores intentan sobrevivir, el dirigente también apuntó contra el relato oficial sobre el ajuste fiscal y señaló que, pese a los ahorros informados por el Gobierno, no se evidencian mejoras en infraestructura ni servicios públicos.

Para evidenciarlo, ATE puso el foco en la Secretaría de Comunicación que encabeza Manuel Adorni. Según el gremio, en esa área se incorporaron cerca de 300 trabajadores bajo distintas modalidades, incluyendo asesores, consultores y asistentes administrativos, con funciones poco claras.

O sea, digamos, ñoquis: tuiteros, amigos, novias de amigos, y muchos inútiles más. De acuerdo a la denuncia, estas contrataciones implican un costo estimado de 600.000 millones de pesos anuales para el Estado.

Por ello, Aguiar sostuvo que, si el Gobierno busca eliminar irregularidades en el empleo público, debería revisar la estructura de la Secretaría de Comunicación y las incorporaciones realizadas en esa dependencia, y no echar trabajadores que realmente cumplen con sus funciones.