El juez Casanello citó a indagatoria a exfuncionarios y titulares de tres cooperativas por presunto desvío de fondos destinados a confeccionar 165 mil guardapolvos durante el gobierno de Alberto y Cristina.
El kirchnerismo siempre logró transformar la asistencia social en un ecosistema propio, donde las cooperativas funcionan como engranajes de un mismo aparato político.
La causa de los guardapolvos vuelve a mostrar esa mecánica: millones asignados para un programa social que, según la Justicia, habrían sido administrados de forma irregular, con el mismo patrón de delegaciones, subcontrataciones y desprolijidades que se repiten desde hace más de una década.
Lo que debía derivar en 165 mil prendas escolares para chicos vulnerables terminó bajo sospecha judicial, con funcionarios y cooperativistas citados a indagatoria.
El juez federal Sebastián Casanello, a pedido del fiscal Carlos Rívolo, convocó a exfuncionarios del Ministerio de Desarrollo Social y a los titulares de tres cooperativas luego de detectar posibles desvíos en la ejecución del proyecto “Acción Social Conjunta”.
💣 LEILA GIANNI REVELA EL DESFALCO: $5.500 MILLONES Y 1,3 MILLONES DE GUARDAPOLVOS FANTASMA
— BREAK POINT (@BreakPointMP) November 19, 2025
🎙️ describe chequeras robadas, firmas truchas y funcionarios de Tolosa Paz manejando todo
👉 usaron a los pibes vulnerables como excusa mientras saqueaban el Estado@Leigianni @edufeiok pic.twitter.com/JoNHqV7CkA
El Ministerio había asignado más de 710 millones de pesos a la Cooperativa 15 de Julio, con la misión de confeccionar los guardapolvos de manera directa. Sin embargo, la entidad decidió subcontratar a Solutex Ltda. y General Mitre Manos Unidas Ltda., abriendo un circuito de tercerizaciones que la fiscalía interpreta como parte de un entramado diseñado para diluir responsabilidades y manejo de fondos.
La acusación sostiene que, entre enero y diciembre de 2023, los recursos públicos destinados al proyecto habrían sido administrados “de manera indebida”. Para la Justicia, el esquema presenta indicios de las irregularidades típicas del modelo político que el peronismo instaló durante años: cooperativas vinculadas al poder, contratos que se multiplican y fondos que parecen perderse en capas burocráticas antes de llegar a su destino social.
Entre los 13 citados figura Leo Moyano, mano derecha de Victoria Tolosa Paz, quien fue designado en 2022 como secretario de Articulación de Política Social. Su rol lo ubicaba en el corazón del sistema de programas, convenios y cooperativas que caracterizó la gestión del Ministerio de Desarrollo Social en tiempos del gobierno de Alberto Fernández.
Ahora deberá declarar como imputado el 22 de diciembre, en el mismo fuero donde ya desfilaron otros funcionarios de la órbita kirchnerista investigados por la administración de fondos públicos.
Los imputados deberán responder por incumplimiento de deberes de funcionario público y defraudación por administración fraudulenta, delitos que aparecen de manera recurrente en las causas que involucran estructuras nacidas, o potenciadas, bajo el paraguas político de Cristina Kirchner.
El juez consideró que existe un grado de sospecha suficiente para avanzar y citó a todos los involucrados entre el 15 y el 22 de diciembre en Comodoro Py.
El caso vuelve a poner en evidencia un patrón estructural: programas sociales que prometen inclusión, pero terminan como vehículo para circuitos paralelos, tercerizaciones opacas y manejos discrecionales. Es una postal que remite, inevitablemente, al ADN político de un espacio donde la administración de fondos públicos siempre convivió con prácticas que hoy, otra vez, quedan bajo la lupa judicial.
