Empresarios denunciaron maniobras irregulares del Ministerio de Trabajo bonaerense para favorecer a un sindicato sin personería gremial.
La jefa de inspecciones del Ministerio de Trabajo bonaerense, Mónica Parra, fue denunciada por presionar a empresas de seguridad. Según los querellantes, obligó a las firmas a encuadrar a sus trabajadores en el convenio 779/2020 del Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia (SUTCAPRA).
Se informó que en la denuncia también se señala a Carlos Sidan, representante de SUTCAPRA, por intervenir en las inspecciones ordenadas por Parra. Según la presentación, los empresarios fueron condicionados a operar exclusivamente con ese sindicato.
La denuncia fue presentada por Alejandro Capalbo, representante de la Unión Personal de Seguridad Privada de la República Argentina (UPSRA), ante las fiscalías de La Matanza y Lomas de Zamora. Se argumenta que SUTCAPRA no tiene personería gremial en la zona ni potestad para representar a los trabajadores afectados.
De acuerdo a lo que informó Visión Política, también serán investigados el subsecretario de Inspecciones, Mariano Salomón; el director provincial de Negociación Colectiva, Juan Pablo Lorenzo; y el subsecretario de Relaciones de Trabajo, Andrés Reveles. Se los acusa de encubrir las maniobras de Parra.
En diálogo con PrimeraPágina.info, Capalbo aseguró que las órdenes para las inspecciones salían desde la sede del Ministerio en La Plata. Según su testimonio, los funcionarios buscaban forzar a las empresas a adoptar el convenio de SUTCAPRA, en perjuicio de los derechos laborales de los trabajadores.
La ingenuidad de la pregunta es conmovedora. Kicillof sigue impune porque el gobierno ha designado gente como Barra, Cúneo Libarona y ahora Castro Videla para convalidar y continuar el plan de encubrimiento e impunidad de Zannini que hemos denunciado. pic.twitter.com/iBrrbI2wYs
— Alvaro de Lamadrid (@AlvarodLamadrid) February 4, 2025
Enclave-arg.online reveló que en los próximos días se presentarán nuevas denuncias en las fiscalías de Avellaneda y Quilmes por hechos similares. Se investiga una estrategia sistemática para favorecer a un sindicato en perjuicio de otros.
La fiscalía deberá determinar si existió una maniobra de presión y adoctrinamiento para restringir la libre afiliación de los trabajadores. La causa podría derivar en sanciones administrativas y judiciales contra los implicados.
