Carolina Aguad, hija de Oscar “el Milico” Aguad y esposa del ex diputado Rodrigo de Loredo, fue promovida en la Justicia Federal con un ascenso exprés que salteó escalafones, requisitos y tiempos.

El caso expone una trama de favores entre política, tribunales y poder internacional.

Un nuevo escándalo sacude a la Justicia Federal de Córdoba y vuelve a poner en evidencia cómo la casta política y judicial se protege a sí misma. Carolina Aguad, esposa de Rodrigo de Loredo e hija de Oscar Aguad, protagonizó un ascenso fulminante dentro de los tribunales federales, sin cumplir la antigüedad habitual y con el aval de funcionarios con vínculos directos con su familia.

Aguad ingresó a los Tribunales Orales Federales número 2 de Córdoba en noviembre de 2021. En apenas tres años, pasó de empleada a jefa de Despacho y luego a secretaria, saltando el cargo de prosecretaria, una etapa que en la carrera judicial suele demandar entre 20 y 25 años. El resultado no es menor: su salario trepó de 2,7 millones de pesos a más de 4,3 millones, cifra que supera los 7 millones mensuales al sumarse antigüedad y adicionales.

El ascenso fue avalado por la jueza María Noel Costa, un nombre clave en esta trama. Costa fue funcionaria directa de Oscar Aguad durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando se desempeñó como directora de Inteligencia Estratégica Militar. Es decir, la jefa que promovió a la hija responde a la estructura política del padre.

La gravedad del vínculo no termina ahí. Costa estuvo bajo sospecha por tareas de espionaje a familiares de los 44 marinos fallecidos en el hundimiento del ARA San Juan, una causa que salpicó de lleno al Ministerio de Defensa conducido entonces por Aguad. A pesar de ese prontuario, fue promovida como jueza federal y hoy firma ascensos que benefician directamente a su ex jefe político.

El círculo se cierra con otro nombre pesado: Costa es pareja del camarista Diego Barroetaveña, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal y habitual señalado como operador clave del lawfare.

Barroetaveña participó en fallos que beneficiaron a Mauricio Macri en la causa por espionaje del ARA San Juan y a Ángelo Calcaterra, primo del ex presidente, en la causa Cuadernos. Además, mantiene vínculos fluidos con la Embajada de Estados Unidos, participando de cenas y eventos del Centro de Estudios Americanos, un espacio de influencia directa de Washington.

El caso de Carolina Aguad no es aislado. Un relevamiento periodístico reveló que 19 de los 30 funcionarios judiciales federales de Córdoba tienen familiares directos dentro del sistema, un esquema conocido históricamente como la “Sagrada Familia” de los tribunales.

El ingreso y ascenso no se define por mérito ni concursos transparentes, sino por contactos, parentescos y pactos políticos, con la Corte Suprema como garante pasivo de un sistema que lleva más de una década sin reglamentar el ingreso democrático.

Mientras Rodrigo de Loredo quedó fuera del Congreso tras no lograr la reelección, el salto salarial de su esposa funcionó como red de contención económica para una familia que nunca salió del Estado. El mismo De Loredo que construyó discurso contra “los privilegios”, pero vive de ellos, primero en ARSAT, luego en Diputados y ahora con aspiraciones diplomáticas bajo el gobierno de Javier Milei.