Se trata de una concejal de Tres Arroyos vinculada al diputado nacional Sebastián Pareja. La acusación apunta a determinar si se utilizaron padrones de la ANDIS con fines proselitistas.
Dirigentes bonaerenses de La Libertad Avanza quedaron, una vez más, bajo la lupa de la Justicia tras una denuncia presentada por presunto uso indebido de datos personales de personas con discapacidad. La acusación se llevó a cabo en los últimos días en los tribunales de Bahía Blanca y está vinculada a una armadora regional y concejal de un distrito del interior provincial.
Lo que se investiga ahora es si la información se utilizaron padrones del programa Incluir Salud con fines proselitistas. La principal apuntada es la edil de LLA en Tres Arroyos, Franca Grippo. La presentación fue realizada por funcionarios municipales de la cartera de Desarrollo Social en el distrito que comanda Pablo Garate, referenciado en el Frente Renovador.
Grippo afirma, a través de mensajes compartidos en un grupo de WhatsApp con dirigentes de LLA de la sexta sección, que tiene en su poder “el padrón de Incluir Salud de toda la Sexta, dividido localidad por localidad, para que puedan hacer territorio”. Además, remarca que se trata de “información reservada” y que sería entregada “en mano” y en formato papel durante una actividad partidaria.
“Me la dieron en papel y se las voy a dar en mano a ustedes”, señala uno de los mensajes. En otro, agrega: “Los que vayan a la inauguración de Tres Arroyos me avisan y se las llevo”, asegura la dirigente que se referencia en el diputado nacional y principal armador de LLA en PBA, Sebastián Pareja.
Los mensajes habrían sido enviados el 17 de junio de 2025, apenas días antes de la inauguración de un local de La Libertad Avanza en Tres Arroyos, que finalmente se realizó el 20 de junio, según consta en la denuncia realizada desde el municipio. Para los funcionarios locales la coincidencia en los tiempos es clave para investigar la forma en la que fueron utilizados estos datos.
Los funcionarios solicitaron que se investigue la posible comisión del delito previsto en el artículo 157 bis del Código Penal, vinculado al acceso ilegítimo y la revelación indebida de datos personales, con el agravante de la condición de funcionarios públicos de quienes pudieran resultar responsables.
