Es por la designación de tres miembros que dejó fuera del reparto al espacio amarillo.
Luego de la polémica desatada en la última sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados a partir de la designación de tres auditores en la Auditoría General de la Nación, el PRO avanzó en la judicialización de la votación.
Vale recordar que durante la madrugada del jueves, con el presupuesto aprobado (con la excepción del Capítulo XI), al igual que el proyecto de la Ley de Inocencia Fiscal, el oficialismo y el peronismo, acuerdo mediante, votaron para que al mencionado organismo vayan Rita Almada por La Libertad Avanza, Juan Ignacio Forlón por el peronismo y la exdiputada nacional salteña Pamela Calletti por Innovación Federal.
La disputa unió para oponerse a un variopinto grupo de bloques, ya que desde Provincias Unidas, el PRO y el Frente de Izquierda denunciaron que el oficialismo apuró la votación del acuerdo para “devolver favores”.
Además, señalaron que hubo ilegalidad en esta cuestión, dado que la mencionada votación (que terminó con 186 voluntades a favor y dos abstenciones) no estaba incluida en el temario de sesiones extraordinarias enviado por el presidente Javier Milei al Congreso. El propio Cristian Ritondo había adelantado en la sesión que judicializaría la designación de los tres miembros de la AGN.
Ante este escenario, el bloque de diputados nacionales del PRO presentó un recurso de amparo ante la Justicia para frenar la designación por ser “abiertamente inconstitucional”. “Hay que defender la transparencia y el funcionamiento republicano de las instituciones”, reclamaron desde el espacio amarillo.
Por ello, en la presentación judicial solicitaron que se declare la inconstitucionalidad y nulidad de la resolución, en tanto que pidieron que se dicte una medida cautelar urgente para impedir que los auditores asuman sus cargos y que se restituya el estado institucional previo al acto cuestionado.
De este modo, La Libertad Avanza y el PRO se encaminan a un cierre de año con asperezas que alteran la paz del acuerdo político sellado para las elecciones pasadas.
