Luis “Toto” Caputo confirmó que los ministros y secretarios nacionales recibirán un aumento del 100 por ciento y pasarán a cobrar más de 5 millones de pesos mensuales.
El Gobierno nacional decidió oficializar el aumento de los sueldos de sus principales funcionarios y fue el propio ministro de Economía, Luis Caputo, quien lo explicó públicamente. En diálogo con Radio Rivadavia, reconoció que los salarios de ministros y secretarios se actualizarán por primera vez desde el inicio de la gestión.
“Aumentábamos los sueldos ahora, sí. Pero no los aumentábamos desde el inicio de la gestión. Ahora los ministros sí se actualizan los sueldos. Ministros y secretarios, creo”, admitió.
Según detalló, hasta ahora un ministro nacional cobraba alrededor de 2,8 millones de pesos mensuales y, tras la actualización, pasará a percibir más de 5 millones. “Ganábamos más o menos algo así como dos millones ochocientos. Y ahora va a subir… creo que va a subir a cinco millones y algo”, precisó el funcionario.
Caputo justificó la medida señalando que los salarios estaban congelados desde 2023 y que, en sus palabras, “a mucha gente se le hace muy difícil”. Sin embargo, sus declaraciones se producen en un contexto donde el propio Gobierno sostiene que no existen recursos para recomponer jubilaciones, salarios estatales ni sostener políticas públicas básicas.
El anuncio se da mientras se profundizan los aumentos en electricidad, gas, transporte y combustibles, que incrementaron notablemente el peso de las tarifas en los ingresos familiares. Cada vez más hogares destinan una porción mayor de su salario a pagar servicios esenciales, en detrimento del consumo y la calidad de vida.
La actualización salarial del Gabinete expone un contraste evidente con el discurso oficial del “no hay plata”. Mientras se paraliza la obra pública, se recortan programas y se ajusta a provincias y municipios, los funcionarios de primera línea del Ejecutivo superarán los 5 millones de pesos mensuales.
En un país atravesado por la recesión, la caída del empleo y la pérdida sostenida del poder adquisitivo, la decisión vuelve a poner en debate quiénes asumen el costo real del ajuste económico impulsado por el Gobierno del homosexual y pedófilo Javier Milei.
