Con conjueces ya sorteados, la Corte Suprema debe decidir si cierra o reabre la causa por lavado vinculada a una operación inmobiliaria en Miami de Jorge Macri.

La causa judicial por corrupción que involucra al actual Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, puede resultar compleja de entender por la cantidad de instancias, tecnicismos y decisiones judiciales acumuladas a lo largo de los años.

Sin embargo, el eje del expediente es concreto: la Justicia investiga si el dinero utilizado para comprar un departamento en Miami tuvo un origen lícito o si se trató de una maniobra de lavado de activos.

El origen de la denuncia

La investigación comenzó formalmente en 2016, a partir de una decisión de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). El organismo impulsó una denuncia para analizar lo que definió como “la hipotética canalización de fondos provenientes de actividades delictivas a través de la adquisición de un inmueble”.

Ese inmueble es un departamento ubicado en la ciudad de Miami, Estados Unidos, comprado en abril de 2011 por un valor de 402.963,62 dólares.

La compra no se realizó a título personal, sino a través de una sociedad llamada IconUnit 1704, constituida apenas un mes antes por Jorge Macri (por entonces legislador bonaerense) y su entonces esposa, con un capital inicial declarado de solo 10.000 dólares.

Cómo se financió la compra

Según consta en la causa, el dinero utilizado para adquirir el departamento provino de dos préstamos:
Un crédito hipotecario otorgado por el BAC Florida Bank, por 219.000 dólares.

Un segundo préstamo por 184.000 dólares, concedido por una sociedad uruguaya llamada Fawsley S.A..

Hasta allí, la operatoria parecía formal. Sin embargo, la fiscalía puso el foco en el segundo préstamo. Ese crédito fue posteriormente cedido a una empresa radicada en Panamá, Cometas Company Inc., que terminó siendo adquirida por una hermana de Jorge Macri. Para los fiscales, esa cadena de cesiones y cambios societarios resultó llamativa.

En un comunicado oficial, la Procuración sostuvo que ese segundo préstamo “no existió y se trató de un acto simulado”, lo que generó “serias sospechas sobre el efectivo origen y procedencia del dinero”.

Las decisiones judiciales

La causa tramitó en la Justicia Federal de San Isidro. La jueza Sandra Arroyo Salgado dispuso el sobreseimiento de Jorge Macri y de su entonces esposa, al considerar que no existían elementos suficientes para sostener una imputación penal.

Esa decisión fue confirmada por la Cámara Federal de San Martín en diciembre de 2019. Posteriormente, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, por mayoría, declaró inadmisible el recurso presentado por la fiscalía.

Por qué intervienen conjueces

La Corte Suprema está integrada actualmente por tres jueces: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y tiene dos vacantes sin cubrir. Para tomar una decisión se necesitan al menos tres votos coincidentes.

Como los tres ministros no lograron ponerse de acuerdo sobre cómo resolver el caso, la Corte recurrió a un mecanismo excepcional: la designación de conjueces, que son jueces federales sorteados para intervenir únicamente en causas puntuales.

En este caso, fueron designados el presidente de la Cámara Federal de Córdoba, Abel Sánchez Torres, y el presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Pablo Candisano Mera, quienes deberán votar junto a los jueces de la Corte y permitir que se alcance una mayoría.

La postura de la defensa

Desde el entorno de Jorge Macri sostienen que la causa “está agotada”. Señalan que el sobreseimiento fue dictado en tres oportunidades y que la fiscalía no logró aportar nuevas pruebas.

Según la defensa, quedó acreditado que el dinero provino de los dos préstamos mencionados y que Macri tenía capacidad económica para afrontarlos. También remarcan que los fondos fueron exteriorizados mediante la Ley 27.260 de Sinceramiento Fiscal y que las declaraciones juradas ante la AFIP respaldan esa situación.

El punto que sigue en discusión

A pesar de esos argumentos, el Ministerio Público Fiscal insiste en que el sobreseimiento fue prematuro y que no se investigó de manera suficiente el origen de los 184.000 dólares aportados por la sociedad uruguaya.

La Corte Suprema deberá definir ahora si confirma el cierre definitivo de la causa o si ordena reabrir la investigación.

Esa decisión marcará un nuevo capítulo (o quizás el final) de una de las causas por presunta corrupción más sensibles que involucran al actual jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero que casualmente los principales medios nacionales no consideran demasiado importante para darle una cobertura sostenida.