El Gobierno anunció la salida de Juan Alberto Pazo como director de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. Quien lo reemplaza es un funcionario con más de 35 años de experiencia en la ex AFIP y que fue denunciado por tener cuentas en el exterior sin declarar.
El Gobierno aceptó la renuncia de Juan Alberto Pazo como director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y designó en su lugar a Andrés Edgardo Vázquez, quien hasta ahora se desempeñaba como titular de la Dirección General Impositiva (DGI). Ambos movimientos quedaron formalizados este martes con la publicación del Decreto 890/2025 en el Boletín Oficial.
El ministro Luis Caputo lo despidió en redes y sostuvo que Pazo se iba para “volver al sector privado”. “A lo largo de estos dos años de gestión, Juan ha sido una pieza fundamental dentro del equipo económico, agregando valor en cada uno de los puestos en que se ha desempeñado”, consideró.
De acuerdo con el texto oficial, Vázquez asumirá el cargo el jueves 18 de diciembre para completar un período legal. En la misma resolución también se aceptó su renuncia al frente de la DGI, puesto que ocupaba hasta el momento. El funcionario entrante es un hombre cercano al asesor presidencial Santiago Caputo, mientras que el saliente provenía de la línea del ministro de Economía.
No obstante, el nuevo funcionario, que tiene más de 35 años de trayectoria en la ex AFIP, es investigado por presunto enriquecimiento ilícito, lavado y evasión tributaria, entre otros posibles delitos, por cuentas en el exterior sin declarar y por haber pagado con cheques a su nombre impuestos de tres condominios en Miami que no declaró en la Argentina.
En ese sentido, en diciembre de 2024, dos meses después de la designación de Vázquez en la DGI, el diario La Nación publicó una investigación en la que documentó que el ahora titular de ARCA compró, a través de sociedades del exterior, tres inmuebles en Estados Unidos por más de 2 millones de dólares que nunca consignó en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción (OA). Tras ello, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) abrió una averiguación. Hace dos meses, la causa quedó a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi y del fiscal federal Guillermo Marijuán.
