La gestión de Maximiliano Pullaro quedó bajo presión tras una denuncia por presunto conflicto de intereses y tráfico de influencias en una obra financiada con fondos públicos.
Un nuevo escándalo sacude a la provincia de Santa Fe y pone en el centro de la escena al oficialismo que encabeza el gobernador Maximiliano Pullaro, luego de que una denuncia presentada ante el Ministerio Público de la Acusación solicitara investigar al senador Oscar Dolzani por una presunta maniobra vinculada a una obra pública en la ciudad de San Javier.
El foco de la presentación judicial está puesto en la obra denominada “Defensa contra Inundaciones y Estabilización de Barrancas (Zona Este)”, ejecutada por una unión transitoria de empresas en la que participa la firma Obring S.A.
Según consta en la denuncia, una factura y un remito fechados el 27 de enero de 2026, por un monto de 18.894.036,11 pesos, indicarían la provisión de materiales y servicios desde el “Corralón Dolzani” hacia una de las empresas que integra la UTE encargada de los trabajos.
La situación abre un serio interrogante sobre un posible conflicto de intereses, ya que el legislador investigado mantiene influencia política directa en el departamento donde se desarrolla la obra, financiada con recursos estatales.
En ese marco, el planteo judicial menciona posibles delitos como negociaciones incompatibles con la función pública y tráfico de influencias, además de eventuales infracciones a las normas de ética pública vigentes en la provincia.
Como parte de la investigación solicitada, también se requirió la realización de diversas medidas probatorias, entre ellas informes comerciales y bancarios, peritajes contables y técnicos, y el análisis de los antecedentes administrativos de la obra, con el objetivo de determinar si existieron irregularidades en su ejecución o en la provisión de insumos.
El caso impacta de lleno en el discurso político del gobierno provincial, que ha colocado a la obra pública como uno de los pilares de su gestión.
Sin embargo, la aparición de este tipo de denuncias vuelve a poner bajo sospecha el manejo de fondos públicos y alimenta las críticas sobre posibles beneficios personales derivados de contratos financiados por el Estado.
