Pedro Simón fue denunciado por la fiscal Indiana Garzón por usar de manera habitual un vehículo perteneciente a un empresario santiagueño investigado por presuntos vínculos con el narcotráfico.

El fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, acumula en su currículum una serie de denuncias que van desde el mal desempeño con investigaciones ralentizadas a medida, una designación amañada allá por el año 2009, y también la directa inacción en causas sensibles.

Justamente, uno de los episodios más llamativos que rodean a Simón surgió en el marco de la disputa interna que mantiene desde hace años con la fiscal Indiana Garzón, quien había obtenido mejor calificación en el concurso previo a la designación de Simón en 2009. En una presentación realizada ante la Procuración General de la Nación, Garzón denunció que el fiscal utilizaba de manera habitual un vehículo perteneciente a un empresario santiagueño investigado por presuntos vínculos con el narcotráfico.

La acusación generó fuerte impacto dentro del ámbito judicial debido a la gravedad institucional que implicaría que un funcionario federal recibiera beneficios de una persona bajo investigación en el mismo fuero donde desempeña funciones. Según la denuncia, Simón no podía desconocer la situación procesal del empresario, ya que las sospechas sobre sus actividades eran objeto de investigación en la justicia federal de Santiago del Estero.

Tras la presentación, se abrió un sumario administrativo contra la propia Garzón a raíz de una contradenuncia impulsada por Simón. Sin embargo, el núcleo de la acusación —el presunto uso de un vehículo registrado a nombre de un investigado por narcotráfico— nunca fue desmentido públicamente por el fiscal ni derivó, al menos de manera conocida, en una investigación penal específica sobre el hecho.

En paralelo, también se pusieron bajo la lupa los reiterados viajes de Simón a Paraguay. De acuerdo con registros migratorios relevados desde 2019 hasta la actualidad, el fiscal habría realizado cerca de treinta ingresos y egresos hacia el país vecino. Parte de esos desplazamientos se habrían concretado por vía terrestre, lo que dio lugar a sospechas sobre posibles maniobras destinadas a evitar controles aduaneros y al eventual traslado de dinero en efectivo para inversiones inmobiliarias.

A partir de estos elementos, la presentación sostiene que podrían configurarse delitos como encubrimiento y enriquecimiento ilícito, entre otras figuras penales que eventualmente pudieran surgir en el transcurso de una investigación judicial.

Una red de narcotráfico

En marzo de 2026 culminó una resonante investigación con la detención de seis efectivos de la Policía Federal Argentina y dos civiles, todos ellos acusados de sustraer droga secuestrada y devolverla al mercado con protección policial.

Fuentes judiciales indicaron que las tareas de depuración interna debieron desarrollarse bajo estricta reserva debido a que varios de los efectivos investigados compartían ámbito institucional con la Fiscalía Federal de Simón y el Juzgado Federal de la provincia.

En ese contexto, surge un interrogante que, según las fuentes consultadas, aún no encuentra respuesta dentro del expediente: si la estructura de policías vinculados al narcotráfico operó durante años en la jurisdicción de la Fiscalía Federal N.º 1, con actividad de distribución de drogas en Santiago del Estero capital y La Banda, por qué no se impulsaron investigaciones de relevancia durante el período de inactividad y demoras procesales registrado entre 2014 y 2019.