La presentación que hizo el abogado Gregorio Dalbón ya fue sorteada y recayó en el Juzgado Federal Nº 12, a cargo de Julián Ercolini y con intervención del fiscal Eduardo Taiano.

Tras el escándalo desatado por la actuación del juez Diego Amarante, el Juzgado Federal N° 12, a cargo de Julián Ercolini, y el fiscal Eduardo Taiano intervendrán en la denuncia que se realizó en Comodoro Py luego de las versiones que aseguran que habría recibido entradas para ver a la Selección Argentina a modo de “dádivas” para avanzar en la denuncia contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y sus principales dirigentes.

La presentación fue hecha bajo las figuras de cohecho (artículo 256 del Código Penal) y abuso de autoridad (artículo 248). El eje se encuentra en torno a la eventual recepción de beneficios indebidos vinculados con entradas para partidos de la Selección Argentina y a decisiones adoptadas en la causa que inició ARCA contra la AFA y sus directivos.

Las entradas

La semana pasada, el abogado Gregorio Dalbón había cuestionado públicamente al magistrado al señalar que habría publicado en su cuenta personal de Facebook imágenes en las que se lo observa presenciando partidos de la Selección Argentina desde sectores del estadio a los que se accedería mediante entradas de cortesía. Según sostuvo, dichas ubicaciones “no serían de acceso comercial, lo que abre interrogantes sobre el origen de los tickets”.

De acuerdo con lo que se presentó en tribunales, la situación presenta un “cuadro fáctico que habilita una hipótesis razonable sobre la eventual recepción de beneficios indebidos por parte del juez”. Según explicaron, la eventual recepción de dádivas por parte de un magistrado reviste gravedad institucional, dado que los jueces están sujetos a un estándar especialmente estricto de independencia, imparcialidad y transparencia. Incluso la sola sospecha de que un juez pudiera recibir beneficios personales compromete la confianza pública en la administración de justicia.

En este contexto, indicaron que los elementos señalados —las manifestaciones, las publicaciones en redes sociales y la investigación periodística— permiten sostener la existencia de “un estado inicial de sospecha que justificaría la apertura de una investigación penal”, en resguardo de la integridad institucional del Poder Judicial.

Siguen las polémicas

Este domingo la AFA informó a través de un comunicado oficial el regreso del gendarme Nahuel Gallo, que estuvo más de 440 días detenido en Venezuela y que, gracias a las gestiones de la casa madre del fútbol argentino y las autoridades de la república bolivariana, volvió en avión a la Argentina.

La noticia puso fin a la odisea del ciudadano argentino encarcelado en la prisión El Rodeo, en un proceso de liberación de presos políticos, y fue replicada en las redes sociales por figuras de la política nacional y también del Gobierno.

A estas voces se sumó en X una publicación del abogado de AFA Gregorio Dalbón, que divulgó un comunicado de prensa en donde apuntó directamente al juez Diego Amarante como responsable de trabas en las gestiones diplomáticas para que Gallo vuelva al país.

“Delcy Rodríguez, Presidenta en ejercicio de Venezuela, condicionó la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo a la intervención personal de Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, quien además comprometió el financiamiento del traslado. Al final pudimos traerlo por intermedio de un colaborador secundario”, citó el abogado con énfasis en la imposibilidad del titular de la asociación para poder viajar y completar en persona la gestión.

Según Dalbón, Amarante, “con conocimiento de estas gestiones, impidió la salida del país de Tapia, bloqueando de facto el único mecanismo disponible para repatriar a un ciudadano argentino privado ilegítimamente de su libertad” y luego argumentó su resolución el Juzgado Penal Económico N°5 excusándose en “la situación de inestabilidad política” de Venezuela y “denuncias de detenciones arbitrarias contra múltiples personas, entre ellas ciudadanos argentinos”.

“Hay elementos concretos que indican que el magistrado actuó a sabiendas de las gestiones humanitarias en curso. La vida de un argentino vale más que cualquier resolución sin fundamento”, completó su mensaje el mencionado letrado.

El titular de AFA había solicitado viajar desde este sábado hasta el 3 de marzo para participar de la inauguración del inicio de obras de un centro nacional de alto rendimiento en ese país. En el medio, la entidad venía negociando con el gobierno venezolano para lograr esta liberación. 

Según pudo saber este medio, la gestión de Delcy Rodríguez estuvo a punto de dar de baja esta operación, ya que no estaba garantizada la presencia de Tapia. Sin embargo, la AFA profundizó el diálogo y dio las garantías con la presencia de otro dirigente (Luciano Nakis) en representación de Tapia.