El fiscal Eduardo Taiano fue acusado de entorpecer el proceso, luego de que saliera a la luz que tenía pruebas suficientes para indagar al presidemente Javier Milei por la criptoestafa.
La trama del escándalo por la criptomoneda $LIBRA suma un nuevo capítulo cargado de sospechas y acusaciones cruzadas que golpean de lleno al presidemente Javier Milei y al fiscal Eduardo Taiano. Diputados de la oposición avanzaron con una denuncia formal por encubrimiento y entorpecimiento de la investigación, en una jugada que expone las tensiones entre el Congreso y el Ministerio Público Fiscal.
La presentación fue realizada ante el procurador general interino, Eduardo Casal, y apunta directamente al accionar de Taiano en el marco de la investigación sobre la presunta criptoestafa. Según sostienen los legisladores, el fiscal contaba con pruebas suficientes para avanzar en medidas clave —incluida la indagatoria al propio presidente— pero optó por dilatar el proceso.
“Más vale tarde que nunca”, deslizan desde la comisión investigadora, donde aseguran que la decisión de formalizar la denuncia se aceleró tras conocerse el contenido de la pericia realizada al celular del lobbista Mauricio Novelli. Ese material, afirman, habría sido determinante para confirmar las irregularidades que rodean al caso.
Las acusaciones no son menores. Desde la oposición sostienen que Taiano “impidió el acceso a la causa, actuó en contra y fue en auxilio de los funcionarios”, una definición que deja entrever la gravedad institucional del conflicto. En ese marco, el presidente de la comisión, Maximiliano Ferraro, ya había anticipado el malestar por las trabas sistemáticas que, según denuncian, obstaculizaron el trabajo parlamentario.
Uno de los puntos más sensibles gira en torno al dictamen firmado por el fiscal en conjunto con el juez Marcelo Martínez de Giorgi. Para los diputados, esa resolución fue clave para evitar que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y otros funcionarios fueran obligados a comparecer ante la comisión, incluso mediante el uso de la fuerza pública.
“Él escribió el dictamen y el juez puso el gancho”, resumió con crudeza uno de los integrantes del cuerpo legislativo, dejando al descubierto lo que consideran una maniobra coordinada para blindar al entorno presidencial.
La denuncia fue redactada por la diputada Mónica Frade junto a otros legisladores que participaron del informe final de la comisión, elaborado en noviembre pasado. El documento detalla una serie de episodios en los que, según plantean, el fiscal habría interferido activamente para limitar el avance de la investigación.
Del otro lado, Taiano intentó justificar las demoras mediante un escrito en el que explicó que el informe preliminar del peritaje, emitido en noviembre de 2025, era de carácter “orientador” y no contenía conclusiones definitivas. Según su versión, el informe final recién fue incorporado a la causa a fines de febrero de este año.
Sin embargo, para los denunciantes, esas explicaciones no alcanzan. El planteo presentado reconstruye una secuencia de decisiones y omisiones que, aseguran, no fueron casuales sino funcionales a dilatar un expediente que compromete políticamente al oficialismo.
Ahora, el Ministerio Público Fiscal deberá evaluar el desempeño de Taiano en un proceso disciplinario que incluye la presentación de pruebas, instancias de defensa y una resolución final a cargo de Casal. Pero más allá del desenlace formal, el caso ya deja una marca: la sospecha de que la investigación sobre el escándalo cripto pudo haber sido condicionada desde adentro.
En un contexto de creciente desconfianza institucional, la denuncia no solo pone bajo la lupa al fiscal, sino que vuelve a ubicar al gobierno de Milei en el centro de una controversia que, lejos de disiparse, parece profundizarse con el paso del tiempo.
