Cuando asumió el gobierno Maximiliano Pullaro, la provincia tenía 662 puestos políticos; actualmente, son más de 2.000.

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) encendió la polémica en Santa Fe al exponer una fuerte contradicción en la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro: mientras se redujo la planta de trabajadores estatales, el número de cargos políticos se multiplicó de manera sostenida desde diciembre de 2023.

Según el relevamiento, la estructura política del gobierno provincial pasó de 662 cargos en 2023 a 2.115 en 2025, lo que implica que más que se triplicó en apenas dos años de gestión. El dato resulta particularmente sensible en un contexto donde el discurso oficial pone el acento en la austeridad y la eficiencia del Estado.

El crecimiento no se limita a los niveles más altos de la administración. Si bien las autoridades superiores —directores provinciales, subsecretarios, secretarios y ministros— aumentaron de 562 a 749 cargos (un 33% más), el salto más significativo se dio en los denominados asistentes técnicos, designaciones directas del Poder Ejecutivo sin instancia de concurso.

En este segmento, la expansión fue exponencial. Los niveles 1 a 4 pasaron de 100 cargos en 2023 a 365 en 2025, lo que representa un incremento del 265%. A esto se suma la creación de siete nuevas categorías —del nivel 5 al 12— que no existían en la gestión anterior, y que incorporaron 1.001 nuevos cargos políticos.

Para los críticos, este esquema configura un modelo de ampliación discrecional del aparato político, en el que la reducción del empleo público en áreas operativas convive con un crecimiento acelerado de puestos de confianza. La lógica, advierten, no sólo tensiona el discurso de ajuste, sino que también pone en cuestión los criterios de profesionalización y transparencia en la administración pública.

El informe también detalla los salarios asociados a estos cargos, que se ubican muy por encima del promedio de los trabajadores estatales. Entre enero y marzo de 2025, un asistente técnico nivel 1 percibía más de 3,3 millones de pesos mensuales, mientras que un subsecretario superaba los 6,5 millones y un secretario rozaba los 7,6 millones, sin contabilizar adicionales como viáticos.

En este contexto, la crítica se centra en la distribución del gasto público: mientras se recorta en personal de planta —habitualmente vinculado a tareas esenciales del Estado—, se amplía una estructura política con altos niveles salariales y designaciones directas.

Además, el propio informe advierte que los datos relevados alcanzan hasta diciembre de 2025, por lo que aún resta conocer el impacto de las designaciones realizadas durante el primer trimestre de 2026, lo que podría profundizar la tendencia observada.