El diputado Paulón hizo la presentación en la Justicia Federal. Los gastos de Reidel fueron dados a conocer por el jefe de Gabinete en el informe que dio la semana pasada.
El diputado Esteban Paulón presentó una denuncia en la Justicia federal para que se investiguen los llamativos gastos de la tarjeta de crédito corporativa de la empresa estatal Nucleoeléctrica, mientras Demian Reidel fue el presidente de la compañía durante poco más de un año del gobierno libertario de Javier Milei.
La denuncia contra Reidel; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se presentó en los tribunales federales de Retiro y, tras el sorteo de rigor, recayó en el juzgado a cargo de María Eugenia Capuchetti.
La presentación apunta a presuntas irregularidades en el uso de fondos vinculados a la empresa estatal y sostiene que los hechos podrían encuadrar en delitos de malversación de caudales públicos luego de que se conocieran gastos en lugares de vacaciones y en free shops de aeropuertos.
“Es inaceptable que el sacrificio de los argentinos termine financiando souvenirs en el free shop y lujos privados. No vamos a permitir que las empresas del Estado sigan siendo la caja de la vieja política”, dijo el legislador en un posteo.
Según surge del escrito de la denuncia, los hechos se originan a partir de la exposición de Adorni en el Congreso el pasado 29 de abril de 2026, en el marco del informe de gestión ante la Cámara de Diputados.
Allí, de acuerdo con la presentación, se brindaron respuestas escritas con un anexo que incluía detalles sobre gastos realizados con una tarjeta corporativa de la empresa estatal.
Lo llamativo fue que el propio jefe de Gabinete fue quien dio a conocer los gastos de la tarjeta de crédito corporativa de la empresa cuando Reidel era su presidente en el informe escrito que envió a los diputados un rato antes de presentarse a rendir su informe como jefe de Gabinete, como lo establece la Constitución.
En ese contexto, Paulón sostiene que la información oficial revela movimientos que “implican, en los hechos, la utilización de dinero en efectivo” por fuera del control ex post facto del servicio de tarjeta corporativa. Además, advirtió que se habrían registrado “adelantos de efectivo por $56.000.000” —monto superior a los u$s 40.000—.
La denuncia también menciona consumos en rubros personales y de esparcimiento, entre ellos “perfumería, cosméticos y peluquería, duty free”, así como gastos en el exterior.
En particular, se enumeran consumos en “Río de Janeiro, Punta Cana, Angra dos Reis y Salamanca”, además de vuelos en aerolíneas internacionales y estadías en hoteles de distintas ciudades del mundo.
Los gastos en tiendas de aeropuertos, principalmente en España, suman un total de u$s 5.957 y $1.100.000, y corresponden a fechas como el 18 de enero y el 7 y 11 de febrero del corriente año.
Entre otros consumos figuran servicios como “Pub El Pirata” y “Mar y Sombra SL” —que incluyen sombrillas, sesiones de masajes, cócteles y snacks—, así como gastos en comercios internacionales como Decathlon Ortega y Gasset, Adidas India y Adidas Istanbul.
También se registran consumos en aerolíneas internacionales como Air Europa, American Airlines y United Airlines, y en hoteles y alojamientos como el Hotel Mayorazgo de Madrid, Facade Hotel Amsterdam, Hotel Du Parc Baden AG (Suiza), St. Regis Hotel Singapore, Hotel Meliá Castilla, Gale Miami Hotel and Resort, Windsor Leme Hotel y Vienna Marriott Hotel, entre otros.
Según la presentación, “la información suministrada no indica a qué funcionario le corresponden los gastos”, pese a que serían alrededor de 100 las personas habilitadas a utilizar esos fondos.
El legislador remarca que estos gastos habrían contado con “anuencia por parte de funcionarios de mayor alto rango” y cuestiona nuevamente la falta de identificación de los responsables.
En otro tramo, la denuncia pone el foco en la normativa vigente sobre viáticos. Cita que la Decisión Administrativa 888/2024 establece topes de 188 euros diarios para viáticos y 388 euros para alojamiento, y recuerda que el régimen legal define estos fondos como destinados a cubrir gastos de misiones oficiales.
En función de estos elementos, Paulón considera que las conductas descritas “podrían encuadrar” en el delito de malversación de caudales públicos, previsto en los artículos 260 a 264 del Código Penal.
En el petitorio, el diputado solicitó que se incorpore la prueba documental —incluida una nota periodística y registros de gastos— y se inicie la investigación penal correspondiente “a los fines de dilucidar los hechos denunciados” y su posible responsabilidad penal.
