El juez Ariel Lijo dispuso analizar las comunicaciones de Marcelo Grandio, cercano a Manuel Adorni, en una causa que investiga posibles dádivas y negocios incompatibles. También declaró un empresario vinculado a la compra de un departamento en Caballito.
El juez federal Ariel Lijo ordenó este miércoles revisar las comunicaciones del periodista y productor Marcelo Grandio, en el marco de la investigación que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La medida fue confirmada por fuentes judiciales y se centra en el análisis del teléfono celular y otros intercambios del productor.
La decisión apunta a reconstruir los contactos que Grandio mantuvo tanto con Adorni como con Horacio Silva, quien figura como titular de la productora ImHouse. A través de esa firma, el productor cerró contratos con la Televisión Pública, un área que depende de la Secretaría de Comunicación bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete.
El entrecruzamiento de comunicaciones busca determinar si existieron posibles “dádivas” o negociaciones incompatibles con la función pública. La medida será ejecutada por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO).
El nombre de Grandio tomó relevancia luego de que se conociera que acompañó a Adorni durante el último feriado de Carnaval en un vuelo en avión privado hacia Punta del Este, un dato que se suma a los vínculos comerciales bajo análisis.
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En paralelo, la causa también avanza sobre otras líneas. Este miércoles, el fiscal Gerardo Pollicita tomó declaración testimonial a Leandro Miano, un empresario inmobiliario que intervino en la operación de compra de un departamento por parte del funcionario en el barrio porteño de Caballito.
El testigo, de 44 años, llegó a los tribunales de Comodoro Py a las 8.45 y permaneció allí hasta las 10.40, luego de responder las preguntas del fiscal. Miano es hijo de Claudia Sbabo, una de las dos jubiladas que vendieron el inmueble ubicado en la calle Miró a Adorni, a quien además el funcionario aún le adeuda 200.000 dólares.
El empresario también es socio en una desarrolladora inmobiliaria junto a Pablo Martín Feijoo, hijo de Alicia Viegas, la otra vendedora del departamento. Feijoo, de 36 años, ya había declarado en la causa y sostuvo que conocía a Adorni porque sus hijos asisten al mismo colegio.
En su testimonio, Feijoo aseguró que el entonces vocero presidencial acordó de palabra abonar 65.000 dólares adicionales por fuera de la escritura, un punto que ahora forma parte de la investigación judicial.
La semana también incluyó la declaración de Matías Tabar, el contratista encargado de las refacciones en la propiedad que el funcionario posee en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. Según afirmó, el costo de la remodelación alcanzó los 245.000 dólares, pagados en efectivo y sin factura, un dato que se suma a las sospechas que analiza la Justicia.
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