La investigación apunta contra Marcelo Román y el empresario Sebastián Ocampo por presuntas irregularidades en la administración municipal. La causa se apoya en peritajes, testimonios y denuncias del Tribunal de Cuentas. El 17 de junio se definirá si avanzan formalmente los cargos.

El intendente de Allen, Marcelo Román, quedó envuelto en una investigación judicial por presunta administración fraudulenta y peculado. La causa también alcanza al empresario local Sebastián Ocampo, señalado como partícipe necesario en una serie de maniobras que habrían ocurrido dentro de la estructura municipal.

La situación tomó relevancia luego de que un peritaje realizado sobre el teléfono celular de Ocampo revelara intercambios en los que, según la acusación, el empresario impartía directivas a funcionarios de la comuna. El hombre es propietario de una radio y de un sitio web local, y era considerado una suerte de asesor cercano al jefe comunal, alineado políticamente con La Libertad Avanza.

Durante una audiencia realizada este lunes estuvieron presentes ambos acusados. Allí se resolvió pasar a un cuarto intermedio y se fijó para el próximo 17 de junio una nueva instancia en la que se definirá si la Justicia avanza con la formulación formal de cargos.

La investigación se originó a partir de una denuncia presentada el 26 de junio de 2025, en la que se señalaron presuntas irregularidades ocurridas desde el inicio de la gestión de Román, a fines de 2023, hasta mediados del año pasado.

Según expuso el Tribunal de Cuentas de Allen, Ocampo habría desempeñado funciones que corresponden exclusivamente al intendente sin contar con facultades legales para hacerlo. Entre los hechos denunciados figuran supuestas intervenciones en la toma de decisiones de gobierno, participación en reuniones de gabinete y actuaciones vinculadas a compras, contrataciones y asignación de partidas presupuestarias.

El organismo también afirmó contar con testimonios que respaldarían la existencia de ese ejercicio irregular de funciones. A eso se suma otro punto bajo análisis: la línea telefónica utilizada por Ocampo para comunicarse con funcionarios habría sido abonada por el municipio. La denuncia además sostiene que el empresario percibía pagos mediante pauta oficial destinada a su emisora radial.

En julio de 2025, tras una presentación realizada ante el Ministerio Público Fiscal, las fiscales Graciela Echegaray y María Celeste Benatti impulsaron distintos procedimientos tanto en dependencias municipales como en inmuebles vinculados al empresario. El objetivo fue reunir documentación y secuestrar dispositivos electrónicos para avanzar con la pesquisa.

Luego de la audiencia de esta semana, Román rechazó las acusaciones y sostuvo que la fiscalía carece de elementos suficientes para sostener el expediente. “Nosotros tenemos la defensa preparada y vemos también que no hay mucha sustentación de parte de la acusación fiscal, porque en definitiva me califican con un delito y no dicen si lo cometí o no”, afirmó el jefe comunal.

El frente judicial no es el único problema que enfrenta el mandatario rionegrino. Días atrás, vecinos de Allen impulsaron un pedido de revocatoria de mandato y presentaron más de 3.000 firmas de ciudadanos empadronados ante el Concejo Deliberante para solicitar su apartamiento del cargo.

En ese documento se cuestiona a Román por una supuesta “negligencia e ineptitud en la prestación de los servicios públicos” y se denuncia un progresivo deterioro en distintas áreas relacionadas con el mantenimiento urbano de la ciudad. Actualmente, el dirigente investigado es el único intendente identificado con el espacio libertario en toda la provincia de Río Negro.