Así lo sostuvieron los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez al pedir la indagatoria de los dos responsables de la empresa junto con otros 34 empresarios. Además, requirió que se amplíe otra vez la indagatoria a Diego Spagnuolo, ex titular de la por entonces Agencia Nacional de Discapacidad.
La droguería Suizo Argentina S.A. habría convertido a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en una estructura al servicio de sus propios intereses económicos. Así lo sostuvieron los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, quienes solicitaron la indagatoria de los dueños de la compañía y otros 34 empresarios. También reclamaron ampliar las declaraciones de varios imputados, entre ellos el exdirector del organismo, Diego Orlando Spagnuolo.
En un dictamen de más de 300 páginas, los investigadores describieron un presunto esquema de corrupción en el que la firma habría controlado las compras de medicamentos de alto costo, definido precios, direccionado adjudicaciones e intervenido en los pagos a proveedores. Según la acusación, la agencia terminó funcionando como una ventanilla de desembolsos millonarios administrada discrecionalmente por la empresa privada.
La fiscalía sostuvo que la ANDIS realizó contrataciones al margen de los principios de transparencia, igualdad, concurrencia y control. El mecanismo habría incluido acuerdos entre empresarios y funcionarios, sobreprecios, cartelización y retornos a integrantes del organismo estatal.
Los investigadores señalaron que la droguería recibía información anticipada sobre las compras, manejaba las compulsas de precios y daba instrucciones sobre qué empresas debían cobrar y cuáles debían esperar. También habría intervenido en decisiones sobre la designación y desvinculación de personal de la agencia.
La influencia de la compañía habría sido tal que Daniel María Garbellini, director nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, habría planteado en una conversación con Pablo Atchabahian, señalado como operador y lobbista de la firma, la necesidad de contar con personas alineadas con los intereses de la droguería dentro del organismo.
Sobreprecios millonarios y compras direccionadas
Uno de los datos centrales del expediente es el volumen de fondos que habría recibido la Suizo Argentina: $137.118.708.357 en órdenes de compra durante 15 meses, cerca del 30% de las erogaciones totales de la ANDIS en el período investigado.
La fiscalía también detectó presuntas irregularidades en la compra de un medicamento para tratar la esclerosis múltiple. Según el dictamen, la empresa lo adquiría a $92.000 por unidad y lo vendía al Estado por valores de entre $3.870.392 y $4.063.912. En mayo de 2024, la ANDIS había comprado el mismo producto a otra droguería por $281.400.
En un intercambio citado por los fiscales, un responsable comercial de la compañía habría indicado sobre el precio de venta: “El precio lo pones vos loco, el que quieras, ganemos plata”. Para los investigadores, la diferencia entre los costos y los valores abonados por el Estado expone el presunto mecanismo de sobreprecios.
La investigación también apunta contra Droguería Génesis S.A., que habría funcionado como intermediaria para incrementar los valores de los medicamentos. Entre mayo de 2024 y agosto de 2025, la firma recibió adjudicaciones por $34.066.729.176, pese a que su actividad durante 2023 había sido prácticamente inexistente, según el expediente. Su presidente, Andrés Horacio Arnaudo, quedó alcanzado por el pedido de ampliación de indagatoria.
El supuesto esquema de cartelización habría involucrado a otras 14 droguerías: Dihemo S.A., Droguería 20 de Junio S.A., Lowsedo S.R.L., Soldist S.R.L., Seguermed S.R.L., Luley S.A., Droguería Meta S.A., Ultra Pharma S.A., Droguería del Sud S.A., Droguería Disval S.R.L., Hemipharm S.R.L., Medipharma S.A., Droguería Génesis S.A. y Scienza Argentina S.A.
Spagnuolo, Calvete y el viaje a Israel
Los fiscales sostuvieron que, durante la gestión de Spagnuolo, la Suizo Argentina se convirtió en la principal proveedora de medicamentos del programa PACBI y controló los precios de las compulsas mediante presuntos acuerdos ilícitos. También le atribuyeron haber cumplido órdenes de la compañía, entre ellas la desvinculación de una funcionaria.
Otro de los hechos bajo análisis es un viaje del exfuncionario a Israel, entre el 14 y el 25 de noviembre de 2024. Según la acusación, Miguel Ángel Calvete habría financiado los pasajes de ida y vuelta, el hospedaje y el seguro de viaje. Patricia Canavesio, secretaria del empresario, habría intervenido en la organización, incluso en la elección del asiento del vuelo.
La fiscalía incorporó esos gastos como parte de los presuntos retornos y favores políticos. Además, indicó que los directivos de la droguería habrían pagado a Calvete más de 54.000 dólares durante 2024, sin que se identificaran actividades comerciales legales que justificaran esas sumas.
En el expediente, Atchabahian aparece señalado como operador de la firma y hombre de confianza de sus directivos. Los investigadores también detectaron encuentros entre funcionarios y personas vinculadas a la empresa, a quienes algunos agentes se referían como “los amigos de Suizo”.
Durante un allanamiento realizado en agosto de 2025, los directivos de la compañía no habrían proporcionado las claves de sus computadoras, cuyos discos estaban encriptados. La fiscalía sostuvo que el encargado de sistemas incumplió una orden judicial y sumó el episodio a las pruebas sobre el funcionamiento de las operaciones.
Los empresarios alcanzados por el pedido
Los fiscales solicitaron la indagatoria de 36 personas, entre ellas los responsables de la Suizo Argentina:
- Jonathan Simón Kovalivker y Emmanuel Kovalivker, señalados como presidente y vicepresidente de la compañía.
- Diego Gerardo Viner, Sebastián Nuner Uner, Gonzalo Damián Zarbo y Fernando Domínguez.
La lista también incluye a Horacio Antonio Encino, Juan Francisco Cereijo, Santiago Humberto De Angelis, Leandro Antonio López, Mario Roberto Litmanovich, María Eugenia Luraschi, Matías Saúl Litmanovich, Juan Ignacio Sabio, Luis Fernando Segura, Diego Raúl Torre, Patricia Susana Calderón, Yair Hendler, Joel Hendler, Ezequiel José Masjuan, Guillermo Fernández Funes, Facundo Tomás María Giudici, Juan Agustín Giudici, Fernando Oris de Roa, María Luisa Clotilde Macchiavello, Lucila Irene Macchiavello, Silvia Adriana Macchiavello, Marcela Macchiavello, Hernán Jorge Bagliero, Laura Elena Palisa Mujica, Alfredo Oscar Gómez, José Emilio Sabella, Roberto Omar Campano, José Héctor Reboratti, Eduardo Hugo Roqueta y Delia Inés Navarro.
En paralelo, pidieron ampliar las indagatorias de Pablo Atchabahian, Diego Orlando Spagnuolo, Daniel María Garbellini, Andrés Horacio Arnaudo, Miguel Ángel Calvete, Matías Javier Palotti Bertola y Diego Martín D’Giano, y mantener las inhibiciones de bienes hasta que se hagan efectivos los embargos.
La advertencia de los fiscales por las víctimas
En el dictamen, Picardi y Rodríguez cuestionaron que los delitos de corrupción se presenten como hechos sin víctimas concretas. Para los fiscales, las presuntas maniobras perjudicaron tanto al Estado como a las personas que dependen de la asistencia pública para acceder a tratamientos.
“El caso ANDIS es uno de los casos que mayor aversión genera, ya que tiene víctimas con nombre y apellido: las personas con discapacidad y sus familias”, afirmaron.
Los investigadores advirtieron que los recursos destinados a medicamentos e insumos de alto costo debían garantizar prestaciones indispensables para personas con discapacidad, pacientes con enfermedades graves y familias de bajos ingresos.
“Las víctimas observan cómo funcionarios públicos corruptos y empresarios inescrupulosos se apoderan del dinero que les pertenece”, señalaron en la presentación judicial.
