La falta de transparencia y la discrecionalidad absoluta al momento de aplicar montos y sumas que por ley corresponderían a la familia uniformada no sería una anomalía. Sería la regla.
Se habría repetido a lo largo de la historia, en todas las instituciones, con el mismo modus operandi: se crea el suplemento por decreto, se anuncia como una conquista para el personal, se presupuesta el crédito, pero el dinero nunca llegaría en tiempo y forma al bolsillo del efectivo que hace el recargo, la custodia o la hora extra.
El caso de la Armada Argentina, hoy bajo investigación de la Justicia Federal por un presunto desfalco millonario en la liquidación de suplementos, no sería entonces el primero ni el único. Sería apenas la punta de un iceberg que habría permanecido oculto durante décadas.
El caso de la Policía de Seguridad Aeroportuaria con la Compensación por Recargo de Servicio – Decreto 142/2022, vigente desde marzo de 2022 y nunca liquidada hasta que los propios oficiales habrían tenido que iniciar reclamos administrativos en 2025 – vendría a confirmar esa misma matriz.
Y la pregunta deja de ser técnica para volverse estructural: ¿cuántas veces se habría creado un suplemento que nunca se pagó? ¿Cuántas partidas habrían sido presupuestadas, ejecutadas en los papeles, pero nunca percibidas por el personal?
Para que una maniobra de estas características funcione, no alcanzaría con un administrativo infiel o un sistema informático que no funciona. Sería necesario, inexorablemente, el conocimiento y la complicidad del poder político de turno y de los altos mandos de todas las estructuras.
Porque el dinero que se estaría sustrayendo no sería un excedente. Sería el dinero de los argentinos destinado a mejorar la seguridad y a reconocer el esfuerzo psicofísico del personal que pone el cuerpo.
Cada hora de recargo no pagada, cada suplemento liquidado de manera irregular, cada planilla de haberes dibujada, no sería un simple error contable. Sería parte de una presunta asociación ilícita que se nutriría del sacrificio del subalterno.
Lo descubierto en la Armada no sería un hecho aislado. Sería el reflejo de un sistema donde la discrecionalidad en el manejo de los haberes del personal uniformado habría sido históricamente la caja chica de la política y de las cúpulas.
Por eso, la discusión no debería ser únicamente dónde fueron a parar los fondos del recargo de la PSA entre 2022 y 2025, o quién se quedó con los suplementos de la Armada.
La discusión de fondo sería cuántas otras fuerzas, cuántas otras cajas, bajo cuántas otras gestiones, habrían operado con la misma lógica y jamás fueron auditadas.
Mientras no exista trazabilidad pública, mientras las liquidaciones sigan siendo un secreto de sumario dentro de cada fuerza, el botín del uniforme seguirá siendo el negocio más rentable y más impune de la Argentina.
Asi este panorama tan nefasto y turbio como las actuales cúpulas de las fuerzas en complicidad con el poder político del gobierno oscuro del presidente Javier Milei y su corrupta ministra de seguridad Alejandra Monteoliva la peor gestión de a historia.
Colaboracion: Siempre Azules y Fuerzas Armadas Unidas
