Karina habilitó el festival de empresas hermanas para quedarse con el mantenimiento de los jardines presidenciales.
La Justicia federal empezó a revisar una licitación millonaria firmada bajo la órbita de Karina Milei por sospechas de empresas vinculadas que habrían simulado competir entre sí. El Gobierno que vino a “terminar con la casta” ahora tiene que explicar por qué hasta el pasto presidencial aparece envuelto en olor a acomodo.
Pusieron bajo la lupa sobre una contratación de casi 700 millones de pesos destinada al mantenimiento de los jardines de la Casa Rosada y la quinta de Olivos, un expediente que salió de la Secretaría General de la Presidencia y que ahora amenaza con convertirse en otro dolor de cabeza para el universo libertario.
El fiscal Ramiro González pidió acceder de manera urgente a toda la documentación de la licitación para determinar si detrás del concurso hubo una competencia real o apenas una escenografía armada para que todo quedara en familia.
El dato no es menor porque el discurso del oficialismo vive en guerra santa contra “los curros del Estado”, aunque cada semana aparece una nueva explicación creativa sobre cómo ciertos negocios públicos terminan orbitando alrededor del poder como satélites bien alimentados.
Mientras el presidemente Javier Milei da clases de pureza fiscal en televisión y trata de comunista a cualquiera que respire cerca de un sindicato, en Balcarce 50 ahora tienen que responder por un contrato multimillonario para cortar el césped y acomodar arbustos.
La sospecha central apunta a que las firmas “La Mantovana de Servicios Generales SA” y “Grub SA” se habrían presentado como competidoras independientes pese a formar parte del mismo entramado empresario vinculado al denominado Grupo Buena Vista SA.
Dicho de otra manera, el Estado habría organizado una carrera donde los dos caballos dormían en el mismo establo. Un mecanismo bastante conocido en la Argentina, aunque bastante incómodo para un Gobierno que llegó prometiendo pasar lavandina institucional por cada oficina pública.
El expediente además tiene un detalle particularmente venenoso para la Casa Rosada. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia ya había advertido sobre la relación empresarial entre ambas firmas en un dictamen técnico firmado en septiembre de 2024.
O sea, no se trata de una sospecha caída del cielo ni de una teoría conspirativa armada en un streaming opositor a las tres de la mañana. Había antecedentes, informes y señales previas que ahora quedaron incorporadas en la causa judicial.
La denuncia fue presentada por Marcela Pagano, una dirigente que pasó de ser parte del ecosistema libertario a convertirse en una especie de ex integrante despechada con acceso al backstage. La diputada acusó directamente a Karina Milei de haber habilitado una “ficción licitatoria” destinada a simular competencia.
Y ahí aparece otro problema para el oficialismo porque la hermana presidencial dejó de ser solamente “El Jefe” para transformarse también en el centro gravitacional de cada conflicto sensible del Gobierno.
En su presentación, Pagano sostuvo que la Secretaría General tenía la obligación de controlar la independencia económica de las empresas oferentes y advirtió sobre posibles delitos vinculados a fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de deberes de funcionario.
Un combo judicial bastante pesado para un espacio político que todavía sigue hablando de honestidad como si estuviera en campaña permanente y no administrando el Estado hace ya bastante tiempo.
Mientras tanto, Milei continúa actuando como un predicador furioso contra la política tradicional, aunque cada vez le cuesta más explicar por qué alrededor de su gestión empiezan a florecer las mismas mañas que juró venir a exterminar. La famosa “casta” parece tener una capacidad de adaptación extraordinaria.
Cambia el peinado, cambia el packaging, cambia el tono de voz en Twitter, pero los contratos públicos sospechados siguen creciendo más rápido que el césped de Olivos
