Un oficial y un suboficial quedaron detenidos luego de que surgieran sospechas sobre un procedimiento en el que habrían utilizado un patrullero. La Justicia investiga si participaron más efectivos.

Mientras la Justicia federal avanza con las investigaciones por graves episodios de presunta corrupción en filas de la Policía Federal en Córdoba Capital, y mientras no cesa el temblor dentro de esa fuerza de seguridad, el Ministerio de Seguridad de la Nación define cuándo y cómo hará una “purga” en esa dependencia con base en barrio Nueva Córdoba. Fuentes oficiales señalaron que la medida viene siendo estudiada con mayor énfasis y está prácticamente tomada la decisión en torno al descabezamiento de la Delegación Córdoba de la Federal (hoy llamada División Unidad Operativa Federal). La duda es quién o quiénes serán trasladados a Córdoba.

Por otro lado, la gran novedad de las últimas horas es que finalmente se dispusieron las imputaciones contra los dos oficiales de la Duef Córdoba acusados de haber cometido un robo en medio de un allanamiento trucho en la Capital. Ambos están presos y alojados en el pabellón de los poliicías en la Cárcel de Bouwer.

Matías Mercado y Emanuel Guardia fueron imputados por el fiscal Maximiliano Hairabedian por los supuestos delitos de peculado, violación de domicilio, robo calificado, extorsión y secuestro coactivo agravado. Se trata de gravísimas figuras penales. Resta esperar qué tienen para decir los uniformados acusados al ser indagados.

A la par, se trabaja para identificar a más policías que habrían participado en ese hecho. Se esperan más detenciones.

Todo sucedió el sábado 22 de agosto cuando, según la causa, policías de la Brigada de Investigaciones, entre otros, llegaron en una camioneta a un domicilio de barrio Pueyrredón de Córdoba, donde realizaron un allanamiento falso seguido de robo. En la casa estaba una mujer y sus hijos. El esposo, comerciante dedicado a la venta de auto, no estaba. Los efectivos se habían hecho de alrededor de $ 30 millones y joyas, entre otros bienes.

Para el fiscal Hairabedian, el peculado se dio porque usaron un vehículo oficial del Estado, entre otros recursos oficiales, para concretar un fin particular.

La violación de domicilio obedece al ingreso sin autorización a la morada. La orden de allanar era falsa.

El robo calificado fue la sustracción de dinero que tenía esa familia escondido en la casa (se revisó la casa y se realizaron roturas en busca de un cofre), mientras que la extorsión estuvo dada a raíz de mensajes o amenazas proferidas a la mujer para que entregara el dinero y otras pertenencias.

Otra imputación de peso fue el secuestro coactivo agravado: es decir, la privación ilegítima de la libertad de todas las personas que estaban en la vivienda visitada por los, a todas luces, policías federales.

Se espera que los policías sean indagados en los próximos días. Mientras tanto continúa la investigación.

Pruebas adulteradas

Todo se descubrió por la propia denuncia de las víctimas. Cuando el allanamiento-robo terminó, y el dueño de casa se enteró de lo sucedido fue a realizar distintas averiguaciones en dependencias oficiales sobre el grave episodio sucedido. Finalmente, tras llegar a los Tribunales Federales, fue entrevistado en la fiscalía y se inició la pesquisa.

La investigación de Hairabedian determinó que los policías sospechados de Investigaciones habían borrado información y diálogos de sus celulares. De todos modos, los teléfonos fueron secuestrados para sus análisis.

En paralelo, se descubrió que se alteraron registros como el libro de uso del móvil en cuestión. De todos modos, se obtuvo información valiosa con el análisis de GPS y de cámaras, entre otras medidas.

Desde el seno de la causa se remarcó que no hay indicios de que jefes hayan participado o conocido el hecho. En este sentido, se destacó que las autoridades de la delegación, desde el primer momento de la investigación, “facilitaron las pruebas” que permitieron esclarecer rápido el hecho.

Malestar y movimientos

Pese al silencio que se impone desde el Ministerio de Seguridad de la Nación (y desde la propia Policía Federal que a nivel nacional conduce el comisario general Luis Alejandro Rolle), trascendió que en la cartera que conduce la cordobesa Alejandra Monteoliva se analiza cada vez con más peso un recambio de autoridades en la delegación Córdoba.

La decisión es considerada como “altamente probable” y se trabaja para definir reemplazantes y nuevos destinos.

Por la forma en que sucedió el robo en el allanamiento, bajo pesquisa, no se descarta que eventualmente puedan surgir otros robos de este tipo ya cometidos.

El escándalo con policías federales de Drogas

A todo esto, el fiscal Hairabedian investiga hechos de presunta corrupción en la Sección Antidrogas de la Federal. En ese marco, permanece detenido quien era el jefe de esa división: comisario Alejandro Falcón. Además, hay otros tres efectivos de menor rango imputados.

A Falcón se lo acusa de haber presuntamente robado dinero en operativos contra narcos en Córdoba. De allí la imputación por hurto calificado.

Además, fue acusado de haber recibido y quedado presuntamente de manera ilegal con al menos un perro que le habría sido entregado por un presunto narco en Córdoba. Una versión (un tanto inverosímil) da cuenta de que ese animal le habría sido entregado para ser usado en la detección de estupefacientes. De allí, la imputación por dádivas.

Falcón está acusado de haber usado por lo menos un vehículo de la Policía Federal para realizar viajes a Rosario, donde vivía con su pareja. Además, del uso de al menos un rodado, se hizo uso de combustible presuntamente para fines particulares y sin asentar. De allí, el presunto peculado.

La pesquisa sigue avanzando y hay otros tres policías imputados; dos por presunta falsedad ideológica (mentir) y un tercero por hurto.