Se multiplicó el presupuesto del Fondo Rotatorio de la Secretaría General de la Presidencia mientras persiste la negativa de Karina Milei de detallar en qué se gasta el dinero.
Mientras el Gobierno sostiene un discurso centrado en el ajuste del gasto público, la reducción del Estado y la transparencia en la administración de los recursos, la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, incrementó un 141 por ciento los fondos destinados a gastos flexibles de la Casa Rosada y mantiene sin difusión el detalle de su ejecución.
En el último año, la asignación del Fondo Rotatorio de la dependencia pasó de 471 millones de pesos a más de 1.135 millones, lo que representa un incremento de 2,4 veces.
La suba quedó formalizada mediante la Resolución 35/2026 publicada en el Boletín Oficial, que además elevó el límite para gastos individuales hasta 50 millones de pesos por operación.
El aumento de recursos contrasta con la falta de información sobre su utilización. A través de un pedido de acceso a la información pública se solicitaron detalles sobre consumos realizados con tarjetas corporativas, comercios involucrados, facturas y rendiciones, pero la respuesta oficial no incluyó documentación que permita verificar el destino de los fondos.
Según lo informado por la propia Presidencia, existen actualmente 140 tarjetas recargables activas, tres tarjetas de crédito corporativas y 62 usuarios habilitados en la plataforma “Corporativa Nación”.
También se entregó la nómina de funcionarios vinculados al sistema, aunque se negó la información sobre montos gastados, conceptos y justificaciones administrativas.
Entre los usuarios figuran, además de Karina Milei a través de su secretaría privada, la vicepresidenta Victoria Villarruel, vinculada a dos tarjetas del Fondo Rotatorio; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo ‘Lule’ Menem; y el director de Realización Audiovisual, Santiago Oría, entre otros funcionarios.
La negativa a difundir los consumos llama la atención debido a que el propio sistema utilizado por la Casa Rosada permite acceder en tiempo real al detalle de las operaciones, incluyendo movimientos, comercios, transferencias y reportes completos de cada gasto.
A esto se suma que la normativa interna establece mecanismos de control que obligan a registrar cada operación en expedientes electrónicos, con facturas, justificaciones y firmas digitales. Es decir, la información existe y forma parte de los procedimientos administrativos obligatorios.
Sin embargo, parte de la documentación muestra posibles zonas grises en los controles internos: responsables del Fondo Rotatorio aparecen también como usuarios habilitados para operar tarjetas dentro del mismo sistema, y algunos funcionarios concentran múltiples perfiles y niveles de autorización.
El contexto se vuelve más sensible si se considera que el propio Gobierno reconoció la existencia de una investigación interna por el uso de tarjetas corporativas. Según se informó, el expediente fue archivado el 6 de abril al no detectarse perjuicio económico, aunque no se difundieron las actuaciones ni el detalle de las operaciones analizadas.
En un escenario en el que el Ejecutivo reclama ajustes y austeridad al resto del Estado, el aumento de fondos discrecionales en una de las áreas más cercanas al presidente y la falta de transparencia sobre su uso reavivan las dudas sobre los criterios de control y rendición de cuentas en la administración pública.
