Martínez De Giorgi, muy ligado a Lijo y que espera que Milei firme la designación de su esposa como jueza federal, dejó la investigación sin impulso y abrió la puerta a que pidan la nulidad.
La causa por la estafa con la criptomoneda Libra quedó en terapia intensiva. El juez Marcelo Martínez De Giorgi apartó a todos los querellantes que representaban a damnificados y la investigación ahora tendrá únicamente el impulso del fiscal Eduardo Taiano, que hasta ahora no ha mostrado demasiado interés en avanzar.
Martínez De Giorgi hizo lugar a un planteo del lobista Mauricio Novelli, amigo de Javier Milei, y apartó a cinco querellas de la causa, que ya no tendrán acceso al expediente ni podrán pedir medidas de prueba. La medida puede ser apelada ante la Cámara federal.
La causa Libra viene a paso de tortuga y los pocos avances se dieron gracias al impulso de los querellantes. Ahora, el único impulsor será Taiano, a quien en Comodoro Py llaman despectivamente “tardano”.
Martínez De Giorgi sostuvo que los querellantes no pudieron acreditar un “perjuicio real y directo” que los habilite a continuar en la causa y que tampoco pudieron probar debidamente ser titulares de las billeteras afectadas.
Se trata de un triunfo enorme de la Casa Rosada en su intento de enterrar la causa que más preocupa a los hermanos Milei y la sospecha es que hubo un pacto de impunidad con Martínez De Giorgi y su aliado más cercano en Comodoro Py, su colega Ariel Lijo.
La decisión llegó luego de un planteo realizado por la defensa de Novelli, que cuestionó la legitimación de esos querellantes para intervenir en el proceso. Con ese fallo, los damnificados pierden, al menos por el momento, una herramienta clave para impulsar medidas de prueba y participar activamente en una investigación que ya venía siendo cuestionada por su lentitud.
Para los afectados, la resolución implica un duro retroceso. En la práctica, reduce la participación de quienes aseguran haber perdido dinero con la operatoria de $LIBRA y concentra aún más el impulso del expediente en la actuación de la fiscalía y del propio juzgado.
Las críticas no tardaron en aparecer. Diversos sectores vinculados a los querellantes consideran que la medida debilita la investigación en un expediente de enorme trascendencia institucional, donde se intenta establecer cómo se desarrolló la promoción y posterior derrumbe del activo digital que provocó pérdidas económicas a numerosos inversores.
El caso continúa generando repercusiones políticas debido a la cercanía que distintos protagonistas de la operatoria mantuvieron con el oficialismo. La oposición viene reclamando que la Justicia avance con mayor celeridad para esclarecer las responsabilidades de todos los involucrados y determinar si existieron delitos en la promoción del proyecto.
En ese contexto, el Gobierno de Javier Milei vuelve a quedar bajo presión. Desde que estalló el escándalo de $LIBRA, la administración libertaria intentó despegarse de las consecuencias políticas del caso, mientras el Presidente negó haber cometido irregularidades y sostuvo que su participación se limitó a difundir el emprendimiento.
La resolución de Martínez De Giorgi alimentó nuevas sospechas entre los críticos del proceso, quienes consideran que decisiones de este tipo podrían dificultar el esclarecimiento de los hechos. Sin embargo, corresponde señalar que la medida judicial puede ser apelada por las partes y que no implica, por sí misma, un pronunciamiento sobre la responsabilidad penal de los investigados.
Mientras tanto, la causa sigue abierta y el expediente permanece bajo la mirada de quienes esperan que la investigación determine con claridad qué ocurrió detrás de uno de los episodios más controvertidos que rodean al Gobierno libertario.
